A finales de 2009, la “troika” compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) interviene en los procesos de negociación colectiva griega. Logra obtener una disminución salarial de alrededor de un 25% en el sector público, así como la reducción del salario mínimo. En junio de 2010, el mismo trío lanza un procedimiento especial que exige al Gobierno rumano que “adopte un código laboral revisado y una legislación de negociación colectiva para reducir el coste de contratación y mejorar la flexibilidad salarial”. Finalmente, el 7 de junio de 2011, la Comisión Europea llama a Bélgica a reformar su sistema de indexación de salarios, argumentando que “el coste laboral unitario ha aumentado [allí] más rápidamente que en los países vecinos”.
Grecia, Rumanía, Bélgica... En los últimos meses, Bruselas coloca la evolución de los salarios en el centro de su estrategia de resolución de la (...)
