El “Plan de Acción para la Salvaguarda de los Recursos Hídricos de Europa” aprobado por la Comisión Europea en noviembre del año pasado –primer documento político europeo en materia de agua desde la Directiva Marco Europea sobre el Agua del año 2000– se compone de dieciocho objetivos, de los cuales la mayoría corresponde a cuestiones económicas y financieras. Entre las cuatro modalidades de acción, se reserva un amplio espacio a los instrumentos facultativos (por ejemplo, los etiquetados y las certificaciones se dejan a completa libertad de los operadores), mientras que la aplicación del sistema de precio de mercado, según el principio de “quien consume paga”, es obligatorio. El menú es impresionante. La Comisión y sus servicios son dignos de felicitación por el trabajo realizado.
Sin embargo, las opciones escogidas por el Ejecutivo europeo, en lo que concierne a los principios fundadores, presentan dificultades y, junto con ellas, las prioridades de acción. (...)
