La política antiterrorista de Argentina fue alabada por Estados Unidos, que valoró como un “acontecimiento significativo” la tipificación del terrorismo como delito autónomo en el sistema penal argentino, reformado velozmente hace un año a la medida de la doctrina estadounidense, bajo apercibimiento del aislamiento financiero del país.
Aunque reconoce que la amenaza de acciones terroristas transnacionales es “leve” en América Latina, Washington ejerce fuertes presiones para comprometer a la región en una cruzada antiterrorista que podría enmascarar otros intereses estratégicos, como el control de la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay (ver artículo de Serena Corsi, "Apropiación de recursos naturales").
Para evitar sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Argentina promulgó hace un año la ley 26.268, que incluyó en el Código Penal las figuras de asociación ilícita terrorista y financiamiento del terrorismo. El pasado marzo el Gobierno de Cristina Fernández prometió al titular de ese organismo, James (...)
