“La sociedad debe entender que, aunque los presos no puedan desplazarse, tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Es imprescindible que se respeten los derechos de los detenidos”, afirma Miguel “Vitin” Baronetto, responsable de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, en Argentina. Ex preso político, Baronetto conoce bien el sistema carcelario de esa ciudad, ya que durante la dictadura militar pasó varios años en la Penitenciaría del barrio San Martín.
También conocen el sistema los 1.900 presos de la cárcel de Bower que, en marzo pasado, realizaron una huelga de hambre durante cinco días. Exigían la modificación de la reforma del Código Penal –denominada Ley Blumberg– porque contradice el espíritu de la Constitución argentina respecto al papel de reinserción social y educación que deben cumplir los centros penitenciarios. Dicha reforma establece la suma de penas y veda la posibilidad de acceder a la libertad (...)
