Con más de cuarenta funcionarios electos comprometidos en investigaciones judiciales, entre ellos dos presidentes del Gobierno autonómico, cinco de sus ex consellers y la presidenta del Parlamento Autónomo, las Baleares se muestran hoy como el laboratorio de la corrupción política en Europa. La mayor de las islas, Mallorca (con poco menos de un millón de habitantes), reducida a un gigantesco complejo turístico e inmobiliario, es actualmente el campo de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que indaga múltiples denuncias de uso mafioso de fondos públicos.
En este archipiélago del Mediterráneo, las costas, las ciudades e incluso los campos constituyen verdaderas joyas que provocan la codicia de los promotores inmobiliarios. La especulación contamina la gestión de las instituciones públicas y los sobornos llueven sobre autoridades que –al recalificar un terreno o desplazar una simple línea en un plano– tienen el poder de hacer o deshacer fortunas, o de multiplicar por mil las ganancias (...)
