Varios bancos multilaterales de desarrollo anunciaron a principio de octubre nuevos compromisos para financiar las medidas de atenuación y de adaptación del cambio climático. Sin embargo, las cantidades disponibles siguen siendo escasas en comparación con los cientos de miles de millones de dólares que se siguen invirtiendo cada año en la exploración de nuevos recursos fósiles o en las ayudas públicas para estas energías. Mientras que son los primeros en percibir los efectos de los desajustes (véase la cartografía), los países menos desarrollados se quedarán al margen del desarrollo si no se les dan los medios para acceder directamente a las energías renovables. En la Conferencia de Copenhague de 2009, las partes se comprometieron a dedicar 100.000 millones de dólares al año, hasta el 2020, para alcanzar este objetivo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la financiación para el asunto climático alcanzó los 52.000 millones de dólares en 2013 y los 62.000 millones en 2014 (1). Sin embargo, en estas cantidades se incluyen ayudas públicas y privadas de naturaleza muy diferente y de una eficacia discutible.
Una parte considerable de la financiación debía ser encauzada a través del “Fondo Verde para el Clima”, que ofrece garantías en el equilibrio geográfico y en la puesta en marcha de acciones –entre otras las medidas para la adaptación de los Estados más vulnerables–. Ahora bien, las promesas de contribución a este fondo se estancan aún en 10.200 millones de dólares para el periodo 2015-2018. Tal y como sugieren dos senadores en un informe reciente (2), se podría superar esta dificultad gracias al impuesto sobre las transacciones financieras, cuya implementación sigue siendo “laboriosa”, o al impuesto sobre el carburante en el transporte aéreo y marítimo, los cuales representan, ellos solos, el 5% de las emisiones.
