Es un momento de solemnidad. Este 4 de mayo de 2018, personalidades de todo el mundo han acudido a Villa Arnaga en Cambo-les-Bains (Pirineos Atlánticos), con motivo de la Conferencia Internacional para Avanzar en la Resolución del Conflicto en Euskal Herria (1). Son recibidas en este entorno idílico por Jean-René Etchegaray, presidente de la Mancomunidad única del País Vasco Francés, y por el abogado sudafricano Brian Currin (2). Gerry Adams, exdirigente del partido nacionalista irlandés Sinn Féin, se encuentra junto a Jonathan Powell, director del gabinete del primer ministro británico Anthony Blair durante las negociaciones con el Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés) a finales de los años 1990, y junto a Michel Camdessus, exdirector general del Fondo Monetario Internacional (FMI). Todos han acudido para reafirmar su apoyo al proceso de abandono de la lucha armada iniciado en octubre de 2011 en el Palacio de Aiete de San Sebastián. Realizan un balance del camino recorrido desde entonces por Euskadi Ta Askatasuna (“País Vasco y Libertad” en euskera, ETA), que acaba de anunciar su disolución definitiva.
Se tomó esta decisión tras un largo debate interno. De 1.077 militantes que participaron en la consulta, 997 se pronunciaron a favor de la disolución: “ETA desea cerrar un ciclo en el conflicto que enfrenta a Euskal Herria con los Estados, el caracterizado por la utilización de la violencia política (…). ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él”, afirma su último comunicado del 3 de mayo de 2018. Unos días antes, la “organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional” había reconocido su “responsabilidad directa” en el “sufrimiento desmedido” y los “daños que no tienen vuelta atrás” causados durante el conflicto. “Creo que esta declaración sorprendió a mucha gente, pues va más allá de lo que se esperaba. Sobre la cuestión de las víctimas y de sus allegados, este reconocimiento de responsabilidad y estas disculpas eran un paso indispensable”, nos explica Iñaki Egaña, historiador vasco (3).
Múltiples mediadores
“No es fácil construir la paz”, recordaba Adams en Villa Arnaga. Desde hace unos treinta años, han fracasado varios intentos de conciliación: negociaciones bilaterales entre emisarios del Gobierno de Felipe González y miembros de ETA en Argel en 1989; el Acuerdo de Lizarra-Garazi, que involucró en 1998 a numerosos sindicatos, partidos y asociaciones de ambos lados de la frontera; y, finalmente, las negociaciones iniciadas en 2005 entre ETA y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque difiere el contexto de estos fracasos, ETA se escudó en cada ocasión detrás del inmovilismo de las autoridades españolas para justificar la reanudación de los atentados.
No obstante, en un contexto internacional de abandono de la lucha armada, en particular en Irlanda del Norte, la izquierda abertzale (“patriota”) emprendió una profunda reflexión estratégica en los años 1980. Al implicarse plenamente en el juego democrático y rechazando la violencia, Euskal Herria Bildu (EH Bildu) se convirtió así en la segunda fuerza política en el Parlamento de Vitoria desde 2012. Al mismo tiempo, varias organizaciones pacifistas como el Centro Henri Dunant para el Diálogo Humanitario (Suiza) y la fundación Berghof (Alemania) hicieron de mediadores entre los protagonistas del conflicto.
El 17 de octubre de 2011, seis personalidades relevantes se reunieron en San Sebastián para examinar metódicamente los fracasos precedentes, con el objetivo de proponer un nuevo escenario. Esta conferencia de Aiete (por el nombre de un antiguo palacio que frecuentaba los meses de agosto el dictador Francisco Franco) reunió al exsecretario general de Naciones Unidas y premio Nobel de la Paz Kofi Annan, a Adams, a Powell, a los ex primeros ministros Bertie Ahern (Irlanda) y Gro Harlem Brundtland (Noruega), así como al francés Pierre Joxe. Presentaron una lista con cinco recomendaciones para “impulsar un proceso de paz” y ofrecieron su mediación. La primera recomendación, negociada previamente, llamaba a ETA “a hacer una declaración pública de cese definitivo de la actividad armada, y solicitar diálogo con los Gobiernos de España y Francia”. Tres días más tarde, ETA anunciaba el cese de su actividad armada.
En el mayor de los secretos, una delegación de la organización acudió a Oslo. Allí esperará durante más de un año el establecimiento de un diálogo con emisarios españoles. El Estado noruego, que desempeñó un papel crucial en el proceso, comprendió que el nuevo Gobierno español, formado tras las elecciones legislativas anticipadas del 20 de noviembre de 2011, no participaría. El nuevo jefe de Gobierno conservador, Mariano Rajoy, y su Partido Popular (PP) no pretendían negociar nada: mientras que ETA se mostraba más debilitada que nunca, Madrid concentraba sus esfuerzos en la represión al proclamar su “victoria sobre el terrorismo”. La delegación vasca abandonó Noruega y volvió a la clandestinidad.
Pese a todo, la Comisión Internacional de Verificación del Alto el Fuego en el País Vasco (CIV), creada en septiembre de 2011 por iniciativa de Currin, informó en la primavera de 2012 de la firme voluntad de desarme de ETA. Hubo protestas por parte del Gobierno español, quien declaró a través del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, en mayo de 2012, “no necesitar verificadores internacionales”. En efecto, la lucha contra ETA reveló ser una apreciada palanca para unir al país alrededor de sus instituciones. En la parte francesa, la entrada en funciones de Manuel Valls en el Ministerio del Interior, en 2012 y, más tarde, en Matignon [residencia oficial del primer ministro francés], en 2014, reforzó a Madrid en su intransigencia.
Frente al rechazo de ambos Estados a organizar o facilitar esta iniciativa, algunos actores de la sociedad civil tomaron las riendas del asunto en Francia. El 16 de diciembre de 2016 se representó una escena digna de una comedia en Louhossoa, en los Pirineos Atlánticos. Tras una amplia operación policial franco-española, el ministro del Interior francés, Bruno Le Roux, mencionaba en un comunicado “un nuevo duro golpe a ETA”. Un viticultor, una periodista, un presidente de la Cámara Agraria, un cámara, un activista ecologista: las cinco personas arrestadas eran, en realidad, “artesanos de la paz” que acudieron para proceder a la neutralización y a la entrega de una parte del armamento de ETA. El presidente de honor de la Liga de Derechos Humanos, Michel Tubiana –que habría estado con ellos–, denunció “una gran mentira”: “Visiblemente, ni las autoridades francesas ni las autoridades españolas han querido que las cosas se muestren como son”.
Inmediatamente después, miles de personas –entre ellas cientos de representantes electos de todas las tendencias políticas– salieron a las calles de Bayona. El Gobierno francés era el blanco principal de las críticas. “Lo que hicimos era tan legítimo que esa absurda situación representaba un problema para el Estado francés: teníamos una organización armada que quería proceder al desarme y dos Estados que lo impedían”, comenta uno de los cinco activistas, el altermundista vasco Jean-Noël “Txetx” Etcheverry. Sin embargo, la neutralización del arsenal era esencial en un contexto de amenaza yihadista: toneladas de armas y municiones seguían estando en la naturaleza en el suroeste de Francia.
Una actitud de revancha
Esto supuso el comienzo de una discordia entre París y Madrid, que estalló lejos de las miradas durante la cumbre franco-española de Málaga del 20 de febrero de 2017. “París transmitió el mensaje de que, desde ese día, Francia dejaría de obstaculizar la entrega de armas por parte de ETA”, resume Iñaki Egaña. A continuación, la credibilidad del desarme unilateral de ETA estuvo garantizada por diversas instituciones, entre ellas el grupo de resolución de conflictos del Vaticano, con, como broche final, la entrega de 3,5 toneladas de armas a las autoridades francesas el 8 de abril de 2017, al final de una jornada histórica y singular: actores de la sociedad civil acababan de proceder al desarme de ETA.
Desde ese momento, el final de la trayectoria de ETA se transformó en un desafío político. Las heridas abiertas de una sociedad española dividida complican la reconciliación, tanto más cuanto que asociaciones como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ejercen una presión constante sobre el Gobierno de Madrid. Una gran parte de la sociedad española acusa a ETA de reescribir la historia y de escenificar su disolución. Para Rajoy, ha sido la presión policial lo que ha precipitado el final de la organización, y no el proceso de paz: “Hoy los protagonistas no pueden ser los asesinos, sino las víctimas. Sus crímenes se seguirán investigando, sus delitos se seguirán juzgando y las condenas se seguirán cumpliendo”, declaraba el jefe de Gobierno español mientras se celebrara el encuentro en Cambo-les-Bains.
En Villa Arnaga, aquellos que participaban en la reunión insistían en el destino de las decenas de personas aún huidas de la justicia y de los 279 presos sometidos a una política penitenciaria de excepcionalidad: “La dispersión y el alejamiento complican las visitas. Es una forma de separar a los presos de sus allegados, lo que viola el derecho al respeto de la vida privada y familiar”, declara Maritxu Paulus Basurco. Esta abogada defiende desde hace varios años a presos gravemente enfermos, los cuales, según ella, solo son “liberados en escasas ocasiones”.
Unai Arkauz, de 24 años, nunca ha visto a su padre fuera de prisión: “El coste humano y financiero es enorme para mi familia. Por no hablar de los obstáculos atravesados, como cuando nos enterábamos, después de haber recorrido unos mil kilómetros, que mi padre había sido trasladado a la otra punta de España”. El Movimiento por la Amnistía y contra la Represión (Amnistia Ta Askatasuna, ATA), creado en 2014, se ha establecido en este contexto. Aunque minoritario, ATA considera que es difícil “construir la paz mientras haya prisioneros de guerra que mueren en la cárcel”, tal y como lo explica uno de sus portavoces, Sendoa Jurado. “Si el problema de fondo de España no se resuelve, la situación se repetirá. El ejemplo catalán es revelador: gente aún encarcelada por delitos de opinión. Frente a cualquier resistencia, ya sea violenta o pacífica, el Estado español responde con la represión”. ATA, considerado actualmente como el movimiento más radical, se muestra muy crítico con los partidos abertzale, que habrían “abandonado la reivindicación histórica de la amnistía de los prisioneros en beneficio del acercamiento”.
Aunque poco prolijo sobre esta cuestión, el Estado francés ha procedido a una ligera flexibilización de su política mediante el traslado de unos diez prisioneros a centros penitenciarios en los que se encuentran más cerca de sus familias. La senadora Frédérique Espagnac insiste: “Este trabajo de negociación sobre el acercamiento comenzó durante el Gobierno socialista y me alegra que el Gobierno actual haya tomado el relevo”. Rajoy, por su parte, permanece inflexible y declaraba también a principios de mayo: “Los terroristas no consiguieron ningún rédito por matar, tampoco por dejar de hacerlo, y no van a obtener nada por anunciar su disolución”.
“Cualquier parte que pretenda obtener una victoria total se arriesga a ver renacer el conflicto, como lo hemos presenciado en muchas otras situaciones”, afirma la declaración final de Cambo-les-Bains. En ausencia de una justicia de transición, la posición española amenaza en gran medida con complicar el necesario trabajo por la verdad y la reconciliación. ETA mató a 854 personas, de las cuales 358 en circunstancias aún no aclaradas, según la asociación COVITE. Son muchas familias las que esperan explicaciones. De la misma manera, muchas preguntas siguen sin respuesta con respecto a los independentistas, en particular sobre los 4.113 casos de tortura registrados entre 1960 y 2014 (4), así como sobre los asesinatos no esclarecidos durante el periodo en el que los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) causaban estragos. De 1983 a 1987, estos comandos paramilitares dirigidos por Madrid eliminaron a varias decenas de militantes vascos. Abandonaron su actividad a cambio de la colaboración antiterrorista entre los dos países puesta en marcha por Charles Pasqua, entonces ministro del Interior de Francia.
Arnaldo Otegi, figura histórica de la izquierda abertzale, advierte: “El conflicto político vasco es anterior a la creación de ETA y, por lo tanto, no se detendrá con su disolución. Nuestro país tiene derecho tanto a la paz como a la libertad”. Etcheverry añade: “La capacidad de movilización y de organización de la juventud y de la población vasca es bastante excepcional en Europa. Mañana puede constituir una fuerza de ruptura, municipalista, solidaria y feminista de primera categoría”.
“Construir la paz es mucho más difícil que hacer la guerra”, afirmaba Adams en Villa Arnaga. El camino será tanto más largo cuanto que persisten varias de las razones que llevaron a una parte del pueblo vasco a involucrarse en la lucha por el derecho a la autodeterminación. Al adoptar una actitud revanchista, el Estado español, que durante mucho tiempo ha utilizado el rechazo al terrorismo para despolitizar el conflicto, y que ya se enfrenta a las reivindicaciones de autonomía de Cataluña, se arriesga a encontrarse frente a un segundo proceso soberanista.
