La posición oficial del Gobierno español sobre el conflicto vasco es clara: no se trata de una cuestión política. Madrid presenta a ETA (Euskadi Ta Askatasuna) como una banda criminal y terrorista, y le pone la etiqueta de esta organización a toda la izquierda abertzale que no la condenó explícitamente, incluyendo a aquellos que nunca cometieron actos violentos ni preconizaron el recurso a la violencia. Así, durante la última década, este movimiento político fue prácticamente prohibido en España, lo que constituye un enfoque a la vez desconcertante y vano.
Desconcertante porque, a pesar de las tomas de posición públicas de Madrid, desde 1998 varios Gobiernos –de izquierda (conducidos por el PSOE) como de derecha (PP)– trataron de lograr un acuerdo negociado con ETA. Vano, porque el rechazo a admitir públicamente la existencia de una controversia de orden político desacredita, en el espíritu de la población española, los intentos gubernamentales de resolver (...)