Después de meses de negociaciones secretas, la Comisión Europea prometía a finales de marzo terminar con la opacidad de las transacciones que rodean el proyecto del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (ATCI): ahora sería el momento de la transparencia, en especial a través del lanzamiento de una “consulta popular”. Una campaña de comunicación en veinte lenguas, incluida en una página web hasta el 6 de julio de 2014, invita a los ciudadanos europeos a “dar su opinión” sobre doce aspectos del tratado en discusión.
Poco después de ser lanzada, la propuesta fue criticada por aquellos a quienes debía tranquilizar. En primer lugar, porque solo concierne a uno de los aspectos del ATCI: la “protección de los inversores” y la instauración de un dispositivo que reglamenta las diferencias entre empresas y Estados. Por otra parte, dar una opinión sobre un asunto –el de la “expropiación”, por ejemplo– implica “tener en cuenta (...)
