El 29 de marzo pasado, la senadora holandesa Tineke Strik presentó, en nombre de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, un informe titulado “Vidas perdidas en el Mediterráneo. ¿Quién es responsable?”. El documento reportó lo que podría definirse como el no-rescate consciente de un bote de inmigrantes que había zarpado de Trípoli (Libia) el 26 de marzo de 2011 hacia la isla italiana de Lampedusa. En él viajaban 72 refugiados. Tras dos semanas a la deriva, el oleaje devolvió la embarcación a las costas de Libia con sólo 11 supervivientes a bordo. Dos de ellos morirían en los días posteriores.
El relato de Strik fue contundente. Señaló que la tragedia se podía haber evitado de no haberse producido un encadenamiento de errores por parte de las autoridades libias, de los Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo de Italia y Malta, y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). (...)
