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El censo de la población penitenciaria altera la democracia de Estados Unidos

La magia del ‘gerrymandering’

El descalabro de su candidato en las elecciones a gobernador de Virginia el 2 de noviembre hace temer a los demócratas una derrota parlamentaria en 2022. Este temor se ve acentuado por la redistribución de las circunscripciones que acaba de producirse. Y es que los republicanos van a beneficiarse de ello, aunque continúen en minoría en términos de número votos tras los elecciones de medio mandato del próximo año.

por Charlotte Recoquillon, diciembre de 2021

Cada diez años, tras elaborar un nuevo censo, Estados Unidos rediseña su mapa electoral con el fin de adaptarse a la nueva situación demográfica. A pesar de su aspecto técnico, casi aritmético –dentro de una misma división administrativa, cada circunscripción electoral debe contener el mismo número de habitantes (con un margen de diferencia del 5%)–, nos encontramos ante una operación eminentemente política. Decidida por las mayorías en el poder en cada uno de los diferentes estados, permite a cada bando diseñar las circunscripciones a medida con el fin de facilitarse una victoria concentrando o diluyendo tal o cual grupo demográfico. Por ejemplo, a los republicanos les gustan en particular las circunscripciones mayoritariamente blancas. En Texas, entre 2000 y 2010 la población blanca cayó del 52% al 45% del total; sin embargo, en 2012, gracias a la magia del gerrymandering (término con el que se conoce esta práctica) los blancos fueron mayoría en el 70% de las circunscripciones del estado (1).

La redistribución que ha seguido a la actualización del censo de 2020 tampoco se ha librado de su cuota de manipulaciones. Así, mientras que el 95% del crecimiento demográfico de Texas entre 2010 y 2020 se debió a las minorías raciales, el nuevo mapa adoptado el pasado 25 de octubre no les concede ningún peso electoral suplementario (2). En Carolina del Norte, 10 de los 14 nuevos distritos del Congreso tienen garantizada la elección de los republicanos pese a que en las últimas elecciones presidenciales el Estado mostró un voto popular equilibrado entre demócratas (48,6%) y republicanos (49,9%).

Los legisladores se enfrentan a un problema adicional: el recuento de las personas encarceladas. Según la Constitución estadounidense, cada persona tiene derecho a una representación igualitaria en virtud del principio “una persona, un voto”. ¿Pero dónde censar a la población reclusa? ¿Donde se encuentre su prisión? ¿O en la dirección de su último domicilio? La oficina del censo tiene en cuenta el “lugar habitual de residencia”, definido como aquel donde las personas duermen y comen. Desde 1790, se utiliza por tanto la dirección de la prisión. Esta decisión, indolora durante casi dos siglos, empezó a resultar problemática con las políticas de encarcelación masiva que surgieron en la década de 1980 y que han llevado a que a día de hoy en Estados Unidos se encuentren presas más de dos millones de personas, el equivalente a la población de Nuevo México. Teniendo en cuenta la sobrerrepresentación de las minorías raciales en la población encarcelada (la tasa de encarcelamientos entre la población afroamericana es cinco veces superior a la de los blancos (3)), así como la situación geográfica de los centros penitenciarios (principalmente en zonas rurales y blancas), la cuestión de dónde censarlos adquiere una importancia estratégica.

“Fue con el redistricting [el redibujado de circunscripciones] del censo del año 2000 cuando empezamos a darnos cuenta de que había un problema”, explica Mike Wessler, director de comunicación de la Prison Policy Ini­tiative, una organización que lucha contra la encarcelación masiva. En 2008, el New York Times describió la situación en el condado de Anamosa, en ­Iowa: en uno de sus cuatro distritos (cada uno de 1400 personas) tan solo constaban 58 personas en libertad; el resto eran presos privados de su derecho a voto (4). En aquel entonces, un periodista le preguntó a Danny R. Young, un político local: “¿Considera que están entre sus representados?”. A lo que respondió: “No votan, así que la verdad es que no”. En la práctica, es cierto que los presos no tienen ningún contacto ni con las instituciones ni con los cargos electos ni con los servicios del lugar en el que están encarcelados y que, en cuanto recuperan su libertad, la inmensa mayoría de ellos vuelve a su antiguo domicilio. Así que ¿por qué persistir en esta forma de censo que parece desafiar a la lógica?

Condados sobrerrepresentados

“Algunos condados solo alcanzan el umbral legal que les da derecho a tener un representante propio gracias a la presencia en su territorio de un centro penitenciario”, explica Brianna Remster. Esta profesora de sociología de la Universidad Villanova, en Radnor Township, y su colega Rory Kramer han estudiado el mapa electoral de Pennsilvania (que tiene 67 condados). Identificaron cuatro circunscripciones rurales que, de no ser por su población penitenciaria, no estarían lo bastante pobladas como para tener un representante. Por el contrario, cuatro de los distritos urbanos tendrían demasiada población si se tuviese en cuenta a sus habitantes encarcelados en la otra punta del Estado, lo que llevaría a la creación de un nuevo distrito cuya población, principalmente negra, seguramente votaría por un demócrata, probablemente negro (5). Censar a los presos en el lugar donde están encarcelados “da más poder político a los ciudadanos que residen cerca de las cárceles, puesto que les es más fácil ponerse en contacto con su representante”, comenta Brianna Remster. “Tienen menos competencia a la hora de hacerse oír –añade Wessler–. Algunos representantes solo tienen que atender las quejas de veinte personas, mientras que otros tienen que atender a cien, lo que crea desequilibrios, incluso dentro de estos condados rurales”. Por ejemplo, la población presa supone el 80% de un distrito del condado de Juneau, en Wisconsin. El 20% restante en libertad dispone, a pesar de todo, de un representante, con lo que se encuentran automáticamente sobrerrepresentados en comparación con los habitantes de los distritos vecinos en los que no hay ninguna cárcel.

Además, si bien la mayoría de la población reclusa estadounidense proviene de zonas urbanas, principalmente cumple condena en zonas rurales, alejadas de su domicilio. En consecuencia, el método de cálculo adoptado en el censo hace desaparecer una parte de la población de los barrios del centro de las ciudades, a menudo negros o latinos, privándoles así de representación política y de algunos servicios. “El 60% de los presos de Illinois provienen del condado de Cook, donde se encuentra Chicago, pero el 99% de estos están censados fuera de ese condado”, explica La Shawn K. Ford, representante demócrata en la Cámara de Representantes de Illinois. Según Ford, estamos ante “un reto democrático”, mientras que Remster y Kramer concluyen que se trata de una “violación del derecho constitucional a una representación igualitaria”.

Cambiar las reglas del censo

La oposición a este método de cálculo crece sin cesar, incluso entre los republicanos de los distritos rurales desprovistos de cárcel, que ven con malos ojos esta forma de desigualdad. Actualmente, una docena de estados (entre ellos Nueva York, California, Colorado o Nevada) y más de doscientos condados, ciudades o distritos han tomado ya medidas para paliar los defectos del censo. Reasignar a los presos a su antigua residencia en el momento de la elaboración del mapa de circunscripciones sería una solución. En Illinois, una ley adoptada con el apoyo de Ford obligará a la administración penitenciaria a partir de 2025 a recoger y comunicar anualmente la dirección de los presos antes de su encarcelación para permitir a las comisiones electorales censarlos en sus barrios de procedencia. “Es un comienzo y un paso en la buena dirección”, afirma Ford.

Lo más sencillo, por supuesto, sería cambiar las reglas del censo. “Si la Oficina del Censo modificara la manera de censar a las personas encarceladas, el problema se resolvería de manera uniforme en todo el territorio”, defiende Wessler. De hecho, la administración empieza a ser consciente del problema. Durante los preparativos para el censo de 2020, recibió decenas de miles de opiniones, la mayoría de las cuales (77.863 de 77.887) abogaban por inscribir la última dirección anterior al encarcelamiento como lugar de residencia de los presos (6). Pero, con el pretexto de que “esto no sería coherente con el concepto de ‘residencia habitual’” y de que “la elaboración de las circunscripciones es competencia de los Estados”, la administración decidió finalmente rechazar esta medida. Se contentará con suministrar nuevos datos a las comisiones electorales, que podrán luego actuar como deseen.

En 2010, tan solo dos estados habían tomado medidas para lidiar con el problema del censo de los presos. Ahora ese número se ha multiplicado por seis. Esta evolución alienta el optimismo de activistas, investigadores y representantes electos, con la esperanza de que el problema se resuelva antes del próximo censo de 2030.

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(1) Véase Brentin Mock, “Discreto regreso de la discriminación electoral”, Le Monde diplomatique en español, octubre de 2014.

(2) “What Redistricting Looks Like In Every State”, FiveThirtyEight, Nueva York, datos consultados el 16 de noviembre 2021.

(3) Leah Sakala, “Breaking Down Mass Incarceration in the 2010 Census: State-by-State Incarceration Rates by Race/Ethnicity”, Prison Policy Initiative, Easthampton (Massachusetts), 28 de mayo de 2014.

(4) Sam Roberts, “Census Bureau’s Counting of Prisoners Benefits Some Rural Voting Districts”, The New York Times, 23 de octubre 2008.

(5) Brianna Remster y Rory Kramer, “Shifting power. The impact of incarceration on political representation”, Du Bois Review: Social Science Research on Race, Cambridge University Press, vol. 15, n.° 2, 2018.

(6) Bureau of the Census, “Final 2020 Census Residence Criteria and Residence Situations”, Federal Register, Washington, DC, vol. 83, n.° 27, 8 de febrero de 2018.

Charlotte Recoquillon

Periodista.