Hubo un tiempo en el que los Estados se liberaban fácilmente de la carga de la deuda. A los reyes de Francia, por ejemplo, les bastaba con ejecutar a sus acreedores para sanear sus finanzas: una forma incipiente, pero común, de “reestructuración”. El derecho internacional privó de esa salida a los deudores y agravó incluso su situación al imponerles el principio de continuidad de los compromisos.
Aunque los juristas se refieran a esta obligación por medio de la fórmula latina –Pacta sunt servanda (“Los convenios deben ser respetadas”)–, las traducciones más diversas han circulado en el transcurso de las últimas semanas. Versión moralizadora: “Grecia tiene el deber ético de pagar su deuda” (Frente Nacional). Versión nostálgica del patio de recreo: “Grecia debe pagar, son las reglas del juego” (Benoît Coeuré, miembro del directorio del Banco Central Europeo). Versión insensible a la susceptibilidad popular: “Las elecciones no cambian nada” respecto a los (...)
