Del 29 de mayo al 1 de junio de 2014, la ciudad de Montreal fue sede de la primera sesión canadiense del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) dedicada a la industria minera. En un proceso ficticio, militantes y personalidades de la sociedad civil “juzgaron” a grandes empresas acusadas de violar los derechos humanos y destruir el medioambiente. Esta acción, a la vez teatral y seria, apuntaba no sólo a poner en evidencia los daños relacionados con la extracción de materias primas, sino también a denunciar la impunidad con la que cuentan las multinacionales implantadas en los países pobres.
En derecho internacional, la noción de crimen económico contra los pueblos o contra el medioambiente no existe. La “comunidad internacional” no está desprovista de instrumentos jurídicos, a imagen del Tribunal Internacional de Justicia o del Tribunal Penal Internacional, pero éstos no se aplican a las actividades económicas que las empresas desarrollan en (...)
