La enseñanza profesional escolariza a 633 000 estudiantes —una cuarta parte del alumnado de secundaria—, frente a 1 619 000 en las ramas general y tecnológica. El número de institutos públicos profesionales ha pasado de 819 en 2018 a 768 en 2023. En ese mismo periodo, el conjunto de este tipo de enseñanza ha perdido más de 100 000 alumnos. ¿El motivo? La competencia de los centros de formación de aprendices (CFA), en parte gestionados por sindicatos patronales o cámaras de comercio. Como consecuencia de la reforma de este sistema al inicio del primer quinquenio de Emmanuel Macron, y también por el peso de los incentivos públicos para recurrir a él, el número de matriculados en programas de aprendizaje se ha disparado: de algo más de 320 000 en 2018 a más de un millón en enero de 2025 (1).
Mientras que los aprendices pasan la mayor parte del tiempo trabajando en las empresas que los emplean y de las que son asalariados, los estudiantes de secundaria preparan un certificado de aptitud profesional (CAP) en dos años o cursan un bachillerato profesional (“bac pro”) en tres años, en una de las más de cien especialidades industriales o del sector servicios. Ahora bien, algunas de estas ramas sufren la adaptación forzada de la oferta formativa a las necesidades inmediatas de mano de obra de las empresas locales, una orientación alentada por los gobiernos de Macron. Resultado de ello: menos posibilidades de orientación para el alumnado, y para el profesorado, la necesidad de formarse en otra especialidad.
