Sudamérica, principios de la década de 1970. Las democracias se pueden contar con los dedos de una mano. Para escapar a la represión de los regímenes militares que se van instalando de un país a otro (solo Colombia y Venezuela permanecen bajo un régimen civil durante esta década), muchos huyen hacia México, hacia el Chile de Salvador Allende o a Argentina, que vive el regreso de Juan Domingo Perón. Estas dos naciones pronto caerán. Redes de militantes de todos los países sudamericanos se organizan para continuar con sus actividades políticas desde el extranjero y concienciar sobre los crímenes cometidos por las dictaduras.
Frente al creciente peso de esta militancia en el exilio, los gobiernos militares pusieron en marcha una “represión transnacional” coordinada que, a escala sudamericana, tenía como objetivo capturar, detener clandestinamente, torturar y, con frecuencia, repatriar a sus países de origen a los militantes acusados de subversión. En Los juicios del Cóndor, Francesca Lessa documenta, basándose en las fuentes más recientes, la instauración progresiva de esta represión regional (1). Estas cooperaciones en temas de seguridad, primero bilaterales y luego multilaterales, alcanzaron su apogeo entre 1976 y 1979, con la formalización del plan Cóndor. Bases de datos comunes, sistemas de comunicación encriptados, policías o militares enviados al extranjero para torturar a sus compatriotas exiliados: todos estos elementos crearon “una zona sin fronteras de terror e impunidad en el continente”, que contó con el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA). Uruguay, Argentina y Chile, convertidos en dictaduras, fueron los miembros más entusiastas de esta alianza.
Lessa, profesora asociada en el University College de Londres y presidenta honoraria del observatorio Luz Ibarburu de Derechos Humanos en Uruguay, muestra cómo el plan Cóndor supuso un hito histórico en la transnacionalización de la violencia de Estado, que posteriormente desembocó en la internacionalización de la justicia. Así, en 1986, la justicia argentina imputó a altos mandos uruguayos. En 2016, fue Italia quien abrió un “juicio Cóndor” para procesar a civiles y militares chilenos, uruguayos, bolivianos y peruanos acusados de crímenes contra ciudadanos sudamericanos que también tenían nacionalidad italiana. Esto condujo, en 2017, a la primera sentencia de un tribunal europeo sobre la operación sudamericana.
La película Traslados, dirigida por el argentino Nicolás Gil Lavedra, hijo de uno de los jueces del juicio a la Junta de 1985, se centra en los “vuelos de la muerte”, posiblemente la máxima expresión del terrorismo de Estado argentino (2). Los opositores, detenidos clandestinamente, eran arrojados, vivos y drogados, desde un avión frente a las costas del Río de la Plata. A través de los testimonios de antiguos secuestrados, de militantes pro derechos humanos y de jueces, Traslados recrea, en forma de docuficción, la “lucha colectiva” por encontrar a estos desaparecidos, cuyo número exacto aún se desconoce. Y la búsqueda de la verdad —indicios y pruebas reunidos con paciencia gracias a la “tenaz e implacable determinación de los que buscan justicia”— se presenta como “un inmenso rompecabezas de miles de piezas”.
En las décadas de 1990 e incluso 2000 prevaleció una impunidad impuesta por leyes negociadas entre los militares y las fuerzas políticas civiles, en el contexto de las “transiciones democráticas” después de las dictaduras. Lessa y Lavedra arrojan luz sobre la aparición de estrategias que “abrieron brechas” especialmente valiosas.
