En la crisis política ucraniana puede observarse el desenlace dramático de una trayectoria financiera que se hizo insostenible a lo largo de los últimos meses de 2013. En julio de 2010, el Gobierno firmaba un acuerdo con el FMI: a cambio de un préstamo de 15.500 millones de dólares, se comprometía especialmente a aumentar la edad de jubilación de 55 a 60 años –mientras que la esperanza de vida continúa siendo diez años menor que la media europea– y a duplicar el precio de la energía en el mercado interior. Seis meses más tarde, el acuerdo era suspendido: el Gobierno se resistía a aumentar las tarifas del gas.
El país se lanzó en ese momento a una fuga hacia adelante. La actividad solo se sostenía ya con el consumo de los hogares, alimentado por el endeudamiento privado y una subida del gasto social destinada a calmar el descontento (+16% en 2012). (...)
