El hecho de haberse atrevido a admitir a tramite un conjunto de denuncias presentadas por diferentes personas y Asociaciones por presuntos delitos de detención ilegal de personas durante los años de la Guerra Civil y los siguientes a la postguerra, puede costarle al juez Baltasar Garzón su carrera profesional. De momento ya ha sido imputado de un delito de prevaricación por el Tribunal Supremo y suspendido del ejercicio de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Muchas son las reacciones en contra de estas medidas, consideradas arbitrarias e injustas, y este libro se hace eco de algunas de ellas. La obra reúne documentos de solidaridad de jueces, fiscales y ex-vocales del CGPJ, comunicados de juristas, organizaciones internacionales, organismos públicos, sindicatos y organizaciones cívicas, así como artículos aparecidos en los medios de comunicación, todos ellos abogando por la causa del juez y denunciando la sinrazón de las disposiciones adoptadas (...)
