Es un trillado lugar común de la Vulgata mediática. ¿Que un inconformista duda de las virtudes de la democracia liberal occidental? Basta con responderle “¡pues vete a Corea del Norte!” para ganarse el favor de los chistosos. La península de Corea brinda al pensamiento dominante un contraste eficaz para demostrar la superioridad de sus opciones. En el norte, dictadura, hambre y carretones de mano; en el sur, democracia, abundancia y semiconductores. Por un lado, la repelente grisura comunista; por el otro, un “modelo” a imitar, como sugirió, por ejemplo, Louis Gallois, uno de los más ilustres representantes de la patronal francesa (1). El modelo de un país que en los años cincuenta del pasado siglo era tan pobre como la India, pero que desde entonces se ha convertido en la duodécima economía mundial y al que Bloomberg agració en siete ocasiones con el título de “país más innovador” entre 2014 y 2021 (2). En suma, no un país, sino un “milagro”.
Pero existen varias Coreas del Sur. La que fascina a los medios de comunicación y puede enorgullecerse de ver ejércitos de adolescentes aprendiendo su lengua al margen de todo plan de estudios se parece a una estrella del K-pop –el pop coreano ya célebre en todo el mundo–: figura esbelta, facciones andróginas, fama internacional y un teléfono ultramoderno pegado a la oreja. Y luego está la otra Corea del Sur: un país al cual su población llama “el infierno Joseon”, en referencia a la dinastía que gobernó la Península entre 1392 y 1910.
Sueño
Metro de Seúl, 6:27 horas. De las cinco personas sentadas a nuestra izquierda, tres duermen profundamente, con el rostro desplomado en una mano, con la cabeza echada hacia atrás y apoyada contra el cristal o bien con la nuca vencida hacia delante. Los seis pasajeros de los asientos de enfrente también se han abandonado a los brazos de Morfeo. No hay sacudida que los moleste ni parada en estación que los inmute. Están agotados, como la mayoría de los trabajadores del país. Es poco probable que se deba a una loca noche de amor: un estudio de 2021 señaló que uno de cada tres seulenses llevaba más de un año sin practicar sexo (3).
Los coreanos trabajan de media 1910 horas al año: una de las cifras más elevadas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –donde la media se sitúa en 1716– y que contrasta con las 1490 de Francia y las 1349 de Alemania (4). Y eso que esta cifra global sotierra la realidad de los horarios de la mayor parte de la gente en un país que se ha inventado una palabra para referirse a la muerte por agotamiento laboral: gwarosa.
Pero el presidente de Corea, el conservador Yoon Suk-yeol, elegido por los pelos en 2022, considera que en el país aún se trabaja demasiado poco. Quiere ampliar el horario laboral a 69 horas por semana, en lugar de las 52 actuales. “Los empleados deberían poder trabajar 120 horas por semana y luego descansar tanto como puedan” (5), dijo en su campaña presidencial. 120 horas suponen 17 horas de trabajo al día para una semana laboral de siete días, 20 horas para una de seis días.
- HELENA PARADA-KIM. – The Women from Uamdo, 2017
“Las empresas simplemente no tienen forma de satisfacer la demanda si los trabajadores se niegan a trabajar”, alega Kim Ki-moon, presidente de la Federación de Pequeñas y Medianas Empresas de Corea del Sur (6). “¿Por qué el Gobierno habría de privarnos del derecho a trabajar más?”, inquiere por su parte el periódico conservador Dong-a Ilbo erigiéndose de repente en portavoz de la clase obrera (7).
Lo que pasa es que, en Corea, un mecanismo permite a la mayor parte de las empresas abonar un “pago fijo por horas extras” al margen del tiempo realmente trabajado. Los obreros lo saben y es imposible que Dong-a Ilbo lo ignore: es poco probable que un aumento del tiempo trabajado se traduzca en un aumento significativo de los ingresos. En cuanto a las vacaciones, el Gobierno da a entender que podrían ser tanto más largas cuanto mayor sea la carga de trabajo semanal, pero pocos creen en ello: el 60% de los asalariados coreanos no se las toman enteras, en su mayor parte por miedo a perder el trabajo (8). Entre las reivindicaciones del movimiento obrero surcoreano hay una recurrente: “¡Dejadnos dormir!”.
Rabieta
Park Chang-jin se esfuerza por sonreír mientras nos cuenta su historia. Pero más de dos años después de los hechos, es obvio que el dolor sigue vivo. En diciembre de 2014 era sobrecargo en un vuelo de Korean Air de Nueva York a Seúl. Cuando el avión se dirigía a la pista de despegue, oyó unos gritos. Una de las pasajeras de primera clase estaba reprendiendo a una azafata: las nueces que acababa de servirle debían serle presentadas en un platillo, no en su bolsita.
Park Chang-jin acudió en ayuda de la azafata y trató de apaciguar a la pasajera explicándole que la legislación obliga a las compañías aéreas a servir antes del despegue los aperitivos en su envoltorio. La pasajera, Cho Hyun-ah, tras desvelar que era la hija del presidente del conglomerado que controla Korean Air, se valió de su posición para exigir de Park Chang-jin y la azafata que se arrodillaran para ofrecerle disculpas. Lo hicieron, pero eso no bastó: Cho Hyun-ah logró que el avión diera media vuelta para que Park Chang-jin fuera sustituido por otro sobrecargo.
Cho Hyun-ah cumplió una pena de cárcel de cinco meses por violación de las leyes sobre seguridad aérea. En cuanto a Park Chang-jin, fue víctima de una campaña de acoso en su empresa. Acabó por despedirse al cabo de unos cuantos años. “Mi historia revela algo de la sociedad coreana, de cómo se comporta la élite económica de este país –concluye en el inglés de tripulante de cabina que ha conservado–. Y es que, aunque ahora el gran público conoce lo que me pasó, ¿cuánta gente pasa por lo mismo sin que llegue jamás a saberse?”.
94,9
Es una manifestación como las que pueden verse más o menos por todas partes, solo que aquí los participantes se cuidan de no pararse en los pasos de peatones para no interrumpir el flujo de los transeúntes: una deferencia menos común en otras partes del mundo. La concentración ha sido organizada para protestar contra el proyecto de ampliación de la semana laboral a 69 horas. Junto al escenario en el que toman la palabra los oradores, llama la atención una furgoneta de la policía. Detrás de la cabina del piloto, una gigantesca pantalla muestra unas cifras: 85,9; 81,2; 92,7…
Desconcertado, pregunto. Se trata de un dispositivo que mide los decibelios producidos por el sistema de sonido. Aquí, las manifestaciones solo se toleran bajo el umbral de 95 decibelios: el ruido que hace un secador de pelo. Los infractores se exponen a penas de cárcel que pueden llegar a ser de seis meses.
Laberinto
En junio de 2022, parte de los subcontratistas de un astillero de Daewoo –uno de los mayores conglomerados de empresas del país– fueron a la huelga para protestar contra una amputación del 30% del sueldo durante la pandemia. En Corea, más de la mitad de los trabajadores son de los llamados “irregulares”, una categoría que agrupa a trabajadores precarios, falsos autónomos, simpapeles (especialmente numerosos en los astilleros) o personas sometidas a una cascada de subcontrataciones que los priva de los derechos y la protección social que procuran los grandes grupos. “Sin embargo, lo más frecuente es que los haya formado la gran empresa que los pone a trabajar”, subraya Chong Hye-won, del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Corea (KMWU, por sus siglas en inglés).
La dirección de Daewoo preparaba una represión violenta de los huelguistas, que habían ocupado las instalaciones. El presidente Yoon, que juzgaba que “la gente que va a la huelga es tan peligrosa como las ojivas nucleares norcoreanas” (9), amenazó con enviar a los antidisturbios para desalojar a los que protestaban. Chong Hye-won recuerda que el presidente “se preguntaba en voz alta: ‘pero ¿de verdad es legal esta huelga?’”.
En Corea, mil y una triquiñuelas limitan el derecho a la huelga. Además de la prohibición de poner “trabas a los negocios”, que pueden ser penadas con la cárcel, no se permite ir a la huelga contra un empleador que no sea el propio: una disposición que transforma el mecanismo de subcontratas en un escudo que protege a los grandes grupos de toda interrupción del trabajo. De ahí que “ser un dirigente sindical implica pasar, más tarde o más temprano, por la casilla de la cárcel”, resume Yang Kyung-soom, presidente de la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU, por sus siglas en inglés), que fue condenado a un año de privación de libertad por haber organizado una huelga durante la pandemia. Todos sus predecesores –doce desde la creación de su sindicato en 1995– también pasaron por la cárcel.
Dadas las circunstancias, You Choe-an, vicepresidente del sindicato de trabajadores irregulares de las instalaciones de Daewoo, se hizo responsable de otra forma de protesta: soldó una jaula de un metro cúbico en la cual se encerró en las profundidades del casco de un superpetrolero para denunciar el trato infligido a los trabajadores, inscribiéndose así en una larga tradición coreana de sacrificio de la integridad física para denunciar la violencia patronal.
Como siempre, la empresa presionó a los empleados “regulares” para que evitaran solidarizarse con los precarios, cuyas exigencias supuestamente “amenazaban” la empresa. El argumento tenía tanto más peso por cuanto el Banco de Desarrollo de Corea, una institución pública, anunció que exigiría a Daewoo el reembolso de todas sus líneas de crédito si la huelga se prolongaba: el equivalente a un tiro en la nuca.
Los empleados reclamaron al principio la recuperación del 30% del sueldo que habían perdido, pero al final aceptaron un aumento del 4,5% de sus remuneraciones, con la promesa de “ulteriores discusiones” sobre las subcontratas en cascada. Por su parte, la empresa denunció a cinco dirigentes sindicales, exigiéndoles que reembolsaran de su bolsillo las pérdidas vinculadas a varios retrasos de producción: 47.000 millones de wones, unos 33 millones de euros. Los demandados perciben el salario mínimo, cerca de 2 millones de wones al mes, unos 1400 euros... La ley aún debe resolver sobre la admisibilidad de la denuncia de la empresa. “Lo más probable es que nuestros compañeros tengan que pagar”, cree Chong Hye-won.
Incomprensión
Cada vez que nos formulan la pregunta, nos sorprendemos. Y eso que surge con frecuencia, incluso en labios de militantes sindicales: “Pero ¿por qué los franceses quieren jubilarse antes? Aquí es al revés, a los trabajadores les gustaría retrasar la edad de jubilación. Lo ideal sería hasta los 73 años”. Al principio creíamos que era un problema de traducción, antes de comprender que el problema no estaba en las palabras, sino en las instituciones: la jubilación, tal y como ha sido diseñada aquí, difiere notablemente del proyecto que defiende la mayoría de los franceses.
En Corea, la edad oficial de jubilación es de 60 años. Pero hay que esperar a los 65 para percibir la jubilación pagada por el Estado. Íntegra, equivale a cerca del 30% de los últimos salarios percibidos. La mayor parte de las veces hunde a sus receptores en la pobreza. Por eso casi todos los coreanos deben trabajar una vez superada la edad legal de jubilación, y hacerlo en empleos tan precarios y mal pagados que la expresión coreana que mejor traduce “curro de mierda” es “trabajo de viejo”.
Pero, aunque 60 años es la edad oficial a la que las empresas pueden deshacerse de sus empleados, desde mediados de la década de 2010 el poder ha puesto en marcha un dispositivo que complica aún más la vida de los más mayores. Tradicionalmente, el modelo jerárquico coreano, heredado del confucianismo, prevé que las remuneraciones evolucionen con la antigüedad del trabajador. Sin embargo, desde hace poco menos de una década, el Estado ha autorizado a las empresas a reducir las remuneraciones de los trabajadores de mayor edad (en general, en torno a los 56 años) con el pretexto de favorecer el empleo juvenil. De modo que los últimos años de trabajo –los que cuentan para el cálculo de la pensión– se caracterizan por un hundimiento de los sueldos, a veces amputados en un tercio. Mientras las personas de más de 65 años representan la mitad de la población pobre (10), Corea del Sur ostenta una mareante tasa de suicidio del 61,3 por 100.000 entre los mayores de 80 años (frente al 33,3 por 100.000 para las personas de 75 años o más en Francia (11)).
Delante de la alcaldía del distrito de Seongbuk, en Seúl, han colgado una pancarta en el marco de una campaña de lucha contra el suicidio de las personas de edad avanzada sin trabajo, que es particularmente preocupante entre los hombres. Reza así: “Si conoce a un hombre solo de más de 50 años, avise a su Ayuntamiento”.
Duda
Kim Sung-han, consejero de Seguridad Nacional del presidente Yoon hasta marzo de 2023, se doctoró en Ciencias Políticas en la Universidad de Texas; su primer adjunto en Seguridad Nacional, Kim Tae-hyo, se sacó su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago; su secretario para la Seguridad Económica, Wang Yun-jong, se doctoró en Economía en Yale; y su ministro de Unificación, Kwon Young-se, cursó un máster en Administración Pública en la Kennedy School de Harvard.
En el aeropuerto de Seúl, los ciudadanos estadounidenses disfrutan de un pasillo de entrada aparte. Una vez en la ciudad, pueden sintonizar una radio estadounidense: The Eagle, la de la base estadounidense de Itaewon, alojada en pleno corazón de la capital. Pero la mayoría siguen viaje un poco más hacia el sur. Tras una hora y media en coche, llegan… a California: el estado al que remite la dirección oficial de Camp Humphreys –la mayor base de Estados Unidos fuera de su territorio nacional–, pese a hallarse en la ciudad de Pyeongtaek, tan coreana como la que más.
Aquí viven más de 28.000 soldados. Esta “ciudad en la ciudad” –dotada de varios colegios, un instituto de secundaria, una universidad, una inmensa piscina con toboganes, un cine, un supermercado, un campo de golf…– llega a los 43.000 habitantes si contamos a las familias de los soldados y a los trabajadores coreanos. “Corea del Sur paga el equivalente a mil millones de dólares al año para contribuir al funcionamiento de la base”, nos explica Hyun Pilkyung, director del Instituto de Reapropiación de las Bases Militares Estadounidenses. “Los precios de la electricidad, el agua y el gas de los que disfrutan los militares norteamericanos son los más bajos del país. Y cuando un soldado estadounidense comete un delito, se beneficia de una justicia específica: la de la base”. Una base que alberga 45 estrellas de generales.
Camp Humphreys es la base estadounidense más próxima a China y cuenta con baterías de misiles Patriot, escuadrones de helicópteros Apache, radares ultrapotentes… Cuando un avión de vigilancia U2 despega desde una base gemela, unos cuántos kilómetros al norte, el estruendo de sus reactores desgarra el cielo. “Cada vez, los muros se ponen a temblar en kilómetros a la redonda”, nos cuenta Hyun Pilkyung. Pero aquí no hay ninguna furgoneta de la policía que mida los decibelios. Y es que la base es una baza maestra para el Ejército estadounidense: su existencia es una de las razones por las que Estados Unidos no quiere que se apague el conflicto con Corea del Norte, no sea que la paz les obligue a liar el petate.
Otro vestigio del conflicto con el vecino del norte: en caso de enfrentamiento armado, el mando del Ejército surcoreano recaería en el jefe del Estado Mayor estadounidense. De ahí que algunos coreanos se pregunten: ¿Corea del Sur es un país con una base estadounidense en medio o una base estadounidense con un país alrededor?
Lejos de Gangnam
“Tienes el milagro coreano ante los ojos”. Yoon Yong-ju (sin el menor vínculo familiar con el presidente del país) acaba de recibirnos en su casa: una sola habitación de cerca de tres metros por tres, en la que se entra a través de una puerta de más o menos un metro treinta de altura. A Yoon eso no le supone problema alguno: le han amputado ambas piernas. “Tengo la suerte de vivir en una de las viviendas más agradables del barrio: tengo luz y una habitación bastante grande”.
Estamos a tiro de piedra de la estación de tren de Seúl, un barrio donde los alquileres se cuentan entre los más elevados de la capital. Pero no en la manzana en la que nos encontramos: un área degradada al que han ido a parar los sobrevivientes del prodigio económico surcoreano.
Al principio cuesta creerlo, pero Yoon Yong-ju dice la verdad: su vivienda parece lujosa comparada con las que sus propietarios –que viven en Gangnam uno de los barrios más opulentos de Seúl– alquilan aquí por 190.000 wones (cerca de 130 euros), lo que equivale a un cuarto del subsidio que el Estado paga a los más desfavorecidos: habitaciones de un metro y medio por dos, sin ventanas, en inmuebles deteriorados y, con frecuencia, sin calefacción.
“Trabajaba manejando una excavadora cuando estalló la crisis asiática de 1997”, nos cuenta Yoon Yong-ju. Por entonces, el Fondo Monetario internacional (FMI) impuso una severa cura de austeridad a Corea. Las empresas, por su parte, aprovecharon la debacle para ponerse a despedir, antes de volver a contratar con contratos precarios. “Mi empresa me echó a la calle. Caí rápidamente en el alcohol y la miseria –Yoon es diabético, y su adicción no tardó en conllevarle la amputación de los miembros inferiores–. Llegué a este barrio creyendo que solo me quedaría unos meses, el tiempo que me llevara rehacerme… De eso hace dieciocho años”.
Aquí viven cerca de mil habitantes. “Todos se parecen a mí –prosigue Yoon Yong-ju–. No son marginales, son gente que trabajó duro para volver a levantar el país tras la guerra. Gente que se sacrificó y a la que el Estado ha dejado sin nada. Ninguno de nosotros recibe la jubilación porque no cotizamos lo suficiente”. Hoy Yoon Yong-ju ya no bebe y se dedica a pintar gracias al apoyo de un amigo fotógrafo. De hecho, se ha convertido en el presidente de la asociación del barrio. “Intentamos mantener el trato, el contacto entre los habitantes, para que la gente conserve las ganas de vivir. Hay mucha depresión por aquí”.
Durante su mandato, el anterior presidente Moon Jae-in aumentó el subsidio pagado a los coreanos más pobres. “De inmediato, los propietarios de nuestras viviendas aumentaron otro tanto el alquiler que debíamos pagarles”.
Entrevista
“¡La verdad es que no parecía contento!”. La traductora que nos acompaña desde hace unos cuantos días se muestra alterada por el mensaje que acaba de recibir. Algunos minutos antes, Lee Jae-young, un diputado del partido en el poder —el Partido del Poder Popular (PPP)— con quien habíamos acordado una cita para el día siguiente, le había escrito para indicarle que el encuentro no sería en el centro de Seúl, sino a una hora de transporte de allí. Por nuestra parte, era imposible organizarnos, y le sugerimos cortésmente que la entrevista se realizara vía correo electrónico. La nueva llamada era para informar sobre la negativa de Lee Jae-young: nos citaba para el lunes siguiente a las tres de la tarde.
Los ojos de la traductora se redondean aún más cuando le decimos que la nueva cita no nos conviene debido a compromisos que tienen prioridad. “¿Podría agradecerle calurosamente su disponibilidad y decirle que iré a verle la próxima vez que venga a Corea?”. La joven se dispone a realizar la llamada, pero su teléfono vuelve sonar. La conversación es breve. “Detesto tener que decirles esto, pero Lee Jae-young ha llamado al director general del Departamento de Relaciones Internacionales del PPP para decirle que son ustedes los que han anulado la entrevista y que puede que su postura hacia el PPP sea malintencionada u hostil. Es el director general quien me acaba de llamar. Dice que deben enviar una carta en inglés a Lee Jae-young para presentarle sus disculpas”.
A falta de carta de disculpa, Lee Jae-young recibió días más tarde un correo electrónico agradeciéndole la inestimable luz que había arrojado sobre las relaciones entre los políticos y los medios de comunicación en Corea.
“Pequeño rojo”
A finales del año 1945, la izquierda coreana comenzó a sentar las bases de un Estado soberano y democrático. La capitulación de Japón, que ocupaba el país desde 1910, la dejó en una posición de fuerza: el proceso de industrialización emprendido aquí por Tokio llevó al surgimiento de una clase obrera que no disociaba las cuestiones sociales del antimperialismo, mientras “los esfuerzos de Japón para asociar toda agitación obrera a un complot comunista… acrecentaban el prestigio de los comunistas”, como señala el catedrático de la Universidad de Sussex Kevin Gray (12). En 1945 se instituyó un comité para la preparación de la independencia coreana, en gran medida pilotado por militantes encarcelados por Japón y recién liberados.
Tras la Conferencia de Moscú, también en 1945, que organizó la división del país, Estados Unidos se permitió una reacción brutal al sur del paralelo 38. El Gobierno Militar del Ejército de Estados Unidos en Corea (USAMGIK, por sus siglas en inglés) que tomó el control del país disolvió las organizaciones populares, reprimió las huelgas y recurrió a antiguos colaboradores con el ocupante japonés para hacerse con las riendas del Estado. Desde entonces, el anticomunismo –un anticomunismo moldeado por Washington– se convirtió en “el principio central de legitimación ideológica del Estado surcoreano”, como explica el historiador Choi Jang-jip (13).
Entre 1948 y 1949, en la isla de Jeju, la represión de un alzamiento popular que las autoridades estadounidenses (y más adelante el dictador Syngman Rhee, al que Washington había puesto en el poder) acusaron de “comunista” se saldó con más de 30.000 víctimas mortales, aproximadamente el 10% de la población de la isla. Durante años, las cárceles del país estuvieron a rebosar de antiguos “partisanos” comprometidos con la lucha por la liberación nacional durante la guerra de Corea (1950-1953). Se les torturó para que “renunciaran” a sus viejas convicciones. “Tenía que firmar una declaración por la cual me comprometía a estar en primera línea en la lucha por la erradicación de comunismo”, nos cuenta Ahn Hak-sop, de 94 años, 43 de los cuales los pasó encarcelado. “En cada sesión de tortura acababa por desmayarme. Lo primero que me miraba al despertar eran las manos. ¿Las tenía manchadas de tinta? ¿Habían intentado poner mis huellas en una falsa declaración de arrepentimiento? De ser así, lo habría perdido todo”. En la década de 1980, la dictadura organizó una red de campos de “reeducación” donde fueron recluidas más de 40.000 personas, la mayor parte sospechosas de ser comunistas.
A partir de 1987, la transición hacia la democracia transformó los métodos, no el proyecto: “Cuando estaba en primaria –explica Seo, un militante veinteañero que desea mantener el anonimato–, recibíamos de manera regular a representantes del Gobierno o de los servicios de inteligencia, incluso a gente que había escapado de Corea del Norte. Todos venían para explicarnos que el comunismo era una amenaza y que debíamos hacer lo posible para erradicarlo”. Ppalgaengi, literalmente ‘pequeño rojo’, sigue siendo un insulto con el que se señala a cualquiera que rechace el orden socioeconómico vigente en Corea del Sur. Tras el giro neoliberal impuesto al país inmediatamente después de la crisis asiática de 1997, bastaba con defender una organización de la sociedad no del todo dependiente del mercado –alguna forma de Estado del bienestar, por ejemplo– para merecer la etiqueta y arriesgarse a la cárcel.
Las principales disposiciones de una Ley de Seguridad Nacional (LSN) instaurada por Rhee en 1948 siguen estando, de hecho, en vigor. Su artículo 7 castiga a “todo aquel que elogie, respalde o difunda las actividades de organizaciones antigubernamentales”, lo que vale por decir Corea del Norte y sus apoyos, habida cuenta de que denunciar el capitalismo equivale en muchos casos, a ojos de las autoridades del sur, a apoyar a Pionyang. Los partidos que se proclaman comunistas están prohibidos, y el marxismo solo se tolera en los talleres universitarios. Siguiendo una forma de proceder que en los platós de televisión occidentales estarían más dispuestos a atribuir al “totalitarismo norcoreano” que al “milagro surcoreano”, criticar la LSN puede ser considerado una violación de la LSN.
Esperanza
Entre octubre de 2016 y marzo de 2017, la población surcoreana tomó las calles para protestar contra un escándalo de corrupción que salpicó a la presidenta Park Geun-hye. La masiva movilización fue pronto bautizada con el nombre de “revolución de las velas”. Las manifestaciones llevaron a la destitución de Park y luego a la elección de Moon Jae-in el 10 de mayo de 2017. Perteneciente al Partido Demócrata –no tan a la derecha como la formación conservadora de la anterior presidenta–, Moon encarnaba la esperanza en una profundización de la democracia. Uno de sus compromisos llamó singularmente la atención: acabar con la precariedad en la función pública.
“En coreano existe una expresión que podríamos traducir como ‘tortura de la esperanza’”, nos explica Jin Youngha, sindicalista de la KCTU. “Significa sacar a relucir una promesa que se sabe que no será cumplida. Eso es lo que pasó”.
Justo después de su toma de posesión, Moon Jae-in se dirigió al aeropuerto de Incheon, cerca de Seúl, para encontrarse con los trabajadores precarios del sector público y mostrar sus intenciones de mantener su palabra. “Como tan a menudo sucede, la mayor parte de los trabajadores estaban contratados por subcontratistas, a su vez vinculados al Estado por medio de contratos de duración limitada –explica Jin Youngha–. Cuando expiraba un contrato con el subcontratista A, el Estado firmaba un nuevo contrato con el subcontratista B, y los empleados de A eran despedidos”. Como las indemnizaciones por despido solo se perciben tras doce meses trabajados, la mayor parte de los contratos duraban once meses. “Durante la visita de Moon, algunos trabajadores rompieron a llorar de alegría –recuerda Jin Youngha–. En cuanto a Moon, prometió ‘enjugar las lágrimas de los trabajadores precarios’”.
Lo que de hecho hizo Moon fue imponer al “subcontratista B” que diera empleo a los trabajadores de A, pero las condiciones laborales no cambiaron. “Lo más frecuente es que los contratos sigan siendo inferiores a doce meses, y, con cada renovación, los trabajadores son considerados empleados nuevos: no adquieren ningún derecho –nos explica Jin Youngha–. Moon suprimió una forma de precariedad, pero acabó con la esperanza de la gente en una mejora de las condiciones laborales. ¿Acaso es un progreso?”.
Paciencia
Ahí están. De día y de noche, ahí están. Ya llueva o haga viento o frío, ahí están. La muchedumbre pasa, a veces los mira incrédula, pero ahí están. Delante de la embajada estadounidense, por turnos, activistas del Partido de la Democracia Popular (PDP) se relevan desde 2016 para exigir la retirada de Estados Unidos, “porque mientras los norteamericanos sigan aquí, los coreanos nunca serán libres”. Puede que entonces la vida en el “país de la mañana serena” se vuelva más grata. Entretanto, Corea del Sur se muere. Tiene la tasa de natalidad más baja del mundo, con 0,78 hijos por mujer.
