Las víctimas y su sufrimiento se han visto abandonadas durante mucho tiempo por una Justicia que tenía como objetivo prioritario sancionar al criminal y proteger a la sociedad. Progresivamente se les han ido reconociendo derechos y un estatuto, lo que a menudo ha posibilitado una reparación más justa del perjuicio sufrido. Los movimientos feministas y las asociaciones humanitarias han contribuido a ello en gran medida durante las dos últimas décadas. Sus esfuerzos han permitido que el Consejo de Europa adopte varios informes sobre la ayuda y la indemnización que desde entonces pueden recibir. En Francia, este fue el objeto de la ley del 15 de junio de 2000. Canadá, por su parte, dispone desde 2015 de una carta de derechos de las víctimas que les garantiza un lugar en la administración de justicia. Se las escucha independientemente de su contribución a la manifestación de la verdad.
Pero la víctima se está (...)
