Fue una cantinela menos anecdótica de lo que parece. Durante décadas, en Francia, algunos parlamentarios se consideraron en la obligación de interpelar con regularidad al Gobierno a propósito de la incongruente persistencia en nuestro ordenamiento jurídico de un singular delito de blasfemia que en Alsacia-Mosela sancionaba a “quien causara escándalo blasfemando públicamente contra Dios con palabras ultrajantes”. Y hasta su derogación mediante la ley del 27 de enero de 2017, la respuesta fue invariablemente la misma: el Ejecutivo echaba balones fuera observando que esa infracción había caído en desuso. Es cierto que desde 1918 no se había utilizado contra nadie. En ese caso, ¿por qué se tardó tanto en suprimirlo?
Responder a esta pregunta obliga a poner el foco en la propensión de los gobernantes franceses a reprimir las ideas percibidas como incómodas. Antigua, esa tendencia ha ido a más estos últimos años. Así, desde 1990, Francia es uno de los (...)
