Con 58 años, Maria Ursu, inquilina como todos sus vecinos, quedó conmocionada con su lanzamiento. El 15 de septiembre de 2014, las 25 familias del número 50 de la calle Vulturilor se vieron forzadas a desalojar las modestas edificaciones que le alquilaban al Estado desde hacía casi veinte años. Se colocó una gran chapa de aluminio para bloquear el acceso al pequeño vestíbulo por donde rondan los recuerdos de estas familias romaníes.
Los antiguos propietarios reclaman, una tras otra, las pequeñas casas de poca altura y en mal estado de este barrio popular cercano al centro de la ciudad. Ursu sabía que, algún día, ella también iba a tener que abandonar el lugar. ¿Pero para ir adónde? Con un salario de 800 lei (180 euros), esta asistenta social de una residencia geriátrica nunca ha podido alquilar una vivienda al precio de mercado, y menos aún comprar una. Hoy, el sueño de (...)
