El Gobierno español presentó, el 12 y el 19 de diciembre de 2008 respectivamente, dos importantes proyectos de reforma de ley: uno relativo a la Ley de Asilo y de la protección subsidiaria, y otro sobre la conocida popularmente como “Ley de extranjería” (Ley orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social). En ambos casos, con la loable pretensión de mejorar el nivel de derechos y adecuar nuestra legislación al marco europeo –a partir del programa que se enuncia en el Pacto europeo sobre inmigración y asilo, aprobado en la cumbre de París de los 16 y 17 de octubre de 2008–, se introducen reformas que suponen un recorte más que preocupante (en el caso del derecho de asilo, ya sumamente deteriorado, se podría hablar de jibarización) y envían a la ciudadanía española un mensaje que puede tener efectos estigmatizadores.
La primera pregunta que debemos (...)
