Pekín parece una ciudad fantasma”, comenta un interlocutor que reside en la capital china. Todo el mundo se ha encerrado siguiendo las consignas de las autoridades. En todo el país, a cerca de 760 millones de personas les están restringidas, controladas o prohibidas las salidas (1). Cada día, “recibimos a través del teléfono móvil estadísticas sobre el coronavirus e información sobre el tema”. Así, el 18 de febrero de 2020, se registraban 70.643 casos confirmados en el país, 10.853 pacientes curados y 1.772 fallecidos. La víspera, además de los datos comunicados diariamente, las noticias señalaron que “más de 16,3 millones de mascarillas falsas han sido incautadas por la policía de Wuhan”. A todas luces, las autoridades intentan anticiparse al descontento y quieren dar la impresión de que están siendo transparentes y siguen en contacto con la población.
Nadie sabe si estas estadísticas, cambiantes por definición y elaboradas a partir de información difícil de cosechar en un país tan vasto, reflejan la realidad. El número de nuevos casos diarios parece haber llegado a un punto de inflexión, pero no puede asegurarse que este descenso vaya a ser duradero. De momento, hay que contentarse con los pocos datos aportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS): el virus es mucho más contagioso que el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés, 2002-2003) pero su tasa de mortalidad es claramente inferior (alrededor del 2%). Si bien ya ha matado a unas 2.000 personas en dos meses, en este país de 1.400 millones de habitantes mueren una media de 80.000 personas cada mes. La epidemia conllevará seguramente consecuencias graves a nivel económico, social y político, a escala tanto nacional como mundial, pero no influirá demasiado en la tasa de mortalidad china…
El aislamiento ha obligado al país a bajar el ritmo. Los economistas cuentan con un descenso de entre 1 y 1,5 puntos del crecimiento, que pasaría a estar por debajo del 5% –algo sin precedentes en los últimos treinta años–. La economía mundial, mucho más interdependiente que en 2002-2003, podría resentirse. Nadie duda de que el Gobierno chino tomará medidas y pondrá en marcha la máquina de hacer billetes para estimular la economía. Además, habrá que reponer las existencias, ya que, por ejemplo, la mayoría de las baterías eléctricas para coches que se emplean en todo el mundo o muchas de las medicinas que se consumen se fabrican ahora en territorio chino.
La lentitud de las autoridades de la ciudad de Wuhan –que ya han sido destituidas, a pesar de que el gobernador de la provincia de Hubei sea muy cercano a Xi Jinping– y la muerte del doctor Li Wenliang, quien lanzó la alerta ya a mediados de diciembre, han conmovido a los chinos y han socavado su confianza en el presidente Xi Jinping, hasta ahora intocable. Se está cuestionando el funcionamiento del sistema. Resulta significativo este titular de Caixin (2), un periódico económico que goza de muy buena reputación en Pekín: “La epidemia de coronavirus es una prueba para el Estado de derecho”. E insiste: “La situación a la que nos enfrentamos no puede servir de excusa para ignorar los principios del Estado de derecho”. Las protestas podrían ir más allá de los casos de Chen Qiushi, el periodista de Wuhan que aportaba testimonios diariamente, o del profesor Xu Zhangrun, ambos bajo arresto domiciliario. Pero por ahora no parece que la ira vaya a extenderse.
Por el contrario, en el extranjero, la “pandemia de xenofobia” (3) hacia los asiáticos en general y los chinos en particular ha hecho acto de presencia. En Francia, la comunidad china ha lanzado en redes sociales la etiqueta “#JeNeSuisPasUnVirus” [su equivalente en España es “#YoNoSoyUnVirus”].
