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Cómo la justicia estadounidense indemniza a las víctimas

El valor de una vida

Cuando una persona sufre daño físico o moral, la justicia debe establecer la cuantía de la indemnización que debe percibir el damnificado. En Estados Unidos, esta se basa en criterios tales como su salario o su esperanza de vida. Las desigualdades existentes en la sociedad repercuten mecánicamente en las compensaciones económicas, de tal modo que un notario cobrará más que una enfermera, un blanco más que un negro, un hombre más que una mujer, etc.

por Charlotte Recoquillon, marzo de 2020

En mayo de 2011, cuando se mudó con su marido a un piso reformado recientemente de Brooklyn, en Nueva York, Niki Hernández-Adams estaba embarazada. Quince meses más tarde, un examen médico rutinario revelaba tasas de plomo tan elevadas en la sangre de su recién nacido que las consecuencias sobre su salud fueron irreversibles. La joven madre decidió entonces presentar una demanda contra el propietario de la vivienda, con el fin de obtener una indemnización por daños y perjuicios (compensatory damages) (1).

Al término de una batalla judicial de cuatro años, el propietario fue declarado culpable (2). El tribunal debió entonces fijar la indemnización que recibiría la víctima. Para ello, los jueces y los miembros del jurado se basaron en los testimonios de expertos encargados, por un lado por el demandante y por el otro por el acusado, de evaluar el perjuicio económico padecido, que incluía los posibles gastos médicos o funerarios, los daños materiales, así como los ingresos que se han dejado de obtener debido a una herida, una discapacidad o un fallecimiento. Con el fin de respaldar sus estimaciones, los expertos tuvieron en cuenta criterios supuestamente objetivos: el salario de la víctima (o de su familia si se trata de un niño), la cantidad de años de actividad que aún debería realizar, su esperanza de vida… De forma casi automática, las desigualdades existentes en la sociedad se trasladan al importe total por daños y perjuicios. Así, se propondrá una indemnización menor a una empleada doméstica atropellada por un coche y que se ve impedida de trabajar durante tres meses que a un agente inmobiliario en la misma situación.

En el caso del hijo de Niki, la acusación pidió entre 2,5 y 4 millones de dólares, es decir, según sus estimaciones, la suma que la víctima habría podido ganar en el transcurso de su vida de no haberse quedado discapacitada por una intoxicación por plomo. La defensa del propietario hizo otro cálculo. Siendo el niño de origen hispano, argumentó que tenía pocas posibilidades de formarse académicamente y de llevar a cabo una carrera que le permitiera alcanzar semejante suma. Por ello, propuso una indemnización menos elevada: entre 1,5 y 2,5 millones de dólares. El abogado de la víctima replicó afirmando que “la población hispana tiene una mayor tendencia a alcanzar un nivel de educación superior al de sus padres”. El jurado fijó finalmente el importe en 1,9 millones de dólares, tras la exclusión categórica del criterio racial –poco habitual en los tribunales estadounidenses– por el juez Jack B. Weinstein. “La categoría ‘hispanos’ es demasiado general. […] Hay profesores y también jardineros […]. Por lo tanto, no se puede considerar al niño según la media de los hispanos, sino que se deben tener en cuenta características específicas, como los diplomas de la madre, su lugar de residencia, su familia…”, indicó a los miembros del jurado.

Sin embargo, por lo general, la justicia autoriza la consideración del sexo y de la raza de una víctima, además de su nivel social, en el cálculo de los daños y perjuicios. En otras palabras, en una situación en la que tienen un perjuicio y estatus social equivalentes, las mujeres y las minorías reciben menos que los hombres y los blancos. “Las desventajas que los negros y las mujeres padecen en Estados Unidos en términos de acceso al mercado de trabajo se reflejan en el importe de las indemnizaciones que reciben”, sintetizan los juristas Ronen Avraham y Kimberly Yuracko (3). En 2019, en Estados Unidos, el ingreso medio de las mujeres representaba el 82,3% del de los hombres; el de los hombres negros, el 74,9% del de los blancos; un hombre asiático ganaba de media un 32,7% más que un hombre blanco (4), etc. Todos estos datos, recolectados por la Administración, son transformados en tablas que sirven de referencia a las estimaciones de los expertos, en particular cuando las víctimas son jóvenes y están desprovistas de un historial de carrera profesional.

Como la mayoría de las negociaciones entre querellante y acusado tienen lugar a puerta cerrada, resulta difícil medir con precisión el peso de esas tablas. Por otra parte, en ocasiones el tribunal rechaza el uso de los criterios de sexo y de raza, como ocurrió con el fondo de indemnización de las víctimas del 11 de Septiembre que, bajo la presión de representantes y de asociaciones, finalmente decidió basarse en las tablas de hombres y blancos –las más favorables– para todas las víctimas. “La práctica [de discriminar según el sexo y el origen étnico] es corriente, pero no sistemática”, nos explica Martha Chamallas, profesora de Derecho en la Universidad de Ohio y autora, a partir de 1994, de los primeros trabajos sobre el tema. En 2009, el 92% de los expertos interrogados por la Asociación Nacional de Peritos Judiciales (National Academy of Forensic Engineers, NAFE) declaraban tener en cuenta el género de la víctima, y el 44,1% su raza (5).

“Si usted me pregunta si las discriminaciones raciales son corrientes en el sistema judicial, le diré que sí, que son omnipresentes”, afirma Lee Merritt. Este abogado, militante en el seno del movimiento Black Lives Matter (“Las vidas negras importan”), compara dos casos recientes. “En julio de 2017, Justine Damond, una profesora de yoga australiana y blanca, fue asesinada por un policía negro en Mineápolis. Como empleador del policía, la ciudad de Mineápolis concedió a la familia de la víctima una indemnización récord de 20 millones de dólares”. En esa misma época, Merrit defendía a la familia de Jordan Edwards, un adolescente negro asesinado por un policía blanco de Dallas en abril de 2017. Reconocido culpable, el agente fue condenado a una pena de quince años de prisión. Pero la ciudad, en cambio, se opone a cualquier indemnización.

Doble pena

La consideración de los criterios de clase social, de raza o de sexo equivale a una forma de doble pena. En primer lugar, las familias pobres, a menudo pertenecientes a minorías, corren más riesgos, por ejemplo, de padecer una exposición al plomo que las familias acomodadas: tienen más limitaciones en la elección de su barrio y de su vivienda, y las actividades contaminantes se instalan con más frecuencia en zonas de sectores populares, donde el poder político (y en consecuencia el poder de oposición) de los habitantes es más débil. Y después, en caso de intoxicación, son peor indemnizadas. Avraham y Yuracko estiman incluso que la consideración de las tablas demográficas en el cálculo de los daños y perjuicios podrían incitar a las empresas a concentrar los riesgos en los barrios no blancos y pobres. Para respaldar su hipótesis presentan el caso (ficticio) de una empresa de mensajería, PhedEx, para quien sería más conveniente incitar a sus repartidores a circular más despacio en los barrios blancos –puesto que allí las sanciones financieras en caso de accidente son más elevadas– y que, con el objeto de efectuar sus trayectos en menor tiempo, privilegiaría los itinerarios que atraviesan los barrios negros, aumentando allí los daños y la peligrosidad.

Estas prácticas discriminatorias se han hecho más visibles en los últimos tiempos. En 2016, los senadores demócratas Cory Booker y Kirsten Gillibrand presentaron un proyecto de ley, el Fair Calculations in Civil Damages Act, cuyo objetivo era prohibir el uso de los criterios de raza y de género a nivel federal. Pero el texto nunca fue adoptado. Los movimientos Black Lives Matter y #MeToo ampliaron el rechazo a estas prácticas discriminatorias, denunciando las desigualdades socioeconómicas que fundamentan las desigualdades de indemnización.

En abril de 2019, dieciséis organizaciones de defensa de los derechos civiles dirigieron una carta abierta a la NAFE pidiéndole que condenara públicamente la toma en consideración de los datos sobre la raza y el género en el cálculo de las indemnizaciones por perjuicio moral o físico. Recibieron un rechazo categórico. En el plano legislativo, California se convirtió, en julio de 2019, en el tercer estado que prohíbe esta práctica, después de Carolina del Norte y Nueva Jersey. A nivel federal, un nuevo proyecto de ley se encuentra bajo examen en el Congreso desde septiembre. Si bien no existe ninguna posibilidad de que sea ratificado, da testimonio de tímidos avances en el debate público. Pero raras son las voces que predican el abandono del criterio social. En general, se asume que, si dos adolescentes mueren en un mismo accidente de coche, sus familias podrían ser indemnizadas de manera diferente, según su oficio o su nivel de estudios.

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(1) Estos daños y perjuicios se distinguen de las multas que pueden ser infligidas a los autores de crímenes y de delitos.

(2) GMM vs. Kimpson, n.° 13-CV-5059, 30 de Julio de 2015. Véase también Kim Soffen, “In one corner of the law, minorities and women are often valued less”, The Washington Post, 25 de octubre de 2016.

(3) Ronen Avraham y Kimberly Yuracko, “Torts and discrimination”, Ohio State Law Journal, vol. 78, n.° 3, Columbus, 2017.

(4) “Median usual weekly earnings of full time wage and salary workers”, Bureau of Labor Statistics, United States Department of Labor, Washington, DC, octubre de 2019.

(5) Michael Brookshire, Michael R. Luthy y Frank Slesnick, “A 2009 survey of forensic economists: Their methods, estimates, and perspectives”, Journal of Forensic Economics, vol. 21, n.° 1, Mount Union (Pensilvania), diciembre de 2009.

Charlotte Recoquillon

Periodista.