Dentro de la historia política de los Estados Unidos (EE.UU.), Minnesota constituye una excepción: fue el único estado que votó en contra de Ronald Reagan en 1984. La última vez que los votantes de Minnesota optaron por un candidato republicano a la presidencia fue en 1972, hace casi cincuenta años. A lo largo de las generaciones, este santuario de la izquierda estadounidense ha enviado al Congreso a Hubert Humphrey, Walter Mondale e Ilhan Omar, una de las dos primeras mujeres musulmanas que accedieron al mismo. Teniendo en cuenta estos antecedentes, el asesinato de George Floyd a manos de la policía y la oleada de protestas que ha desatado pueden resultar sorprendentes. Pero para los que conocen bien las Twin Cities de Minneapolis y Saint Paul (la capital del estado), estos acontecimientos no tuvieron nada de inesperado.
Aunque Minnesota está entre los estados de EE.UU. mejor situados en cuanto a niveles de educación, bienestar y renta, tal y como recordó el gobernador demócrata Tim Walz tras una noche de disturbios por el asesinato de Floyd el 25 de mayo, “todas esas estadísticas solo se cumplen si eres blanco. Si no, estamos a la cola” (1). De entre los cincuenta estados que forman el país, Minnesota ocupa el puesto trigésimo noveno en número de afroamericanos con un título universitario, el cuadragésimo quinto en proporción de población negra con un empleo, y el cuadragésimo octavo en porcentaje de afroamericanos que son propietarios de su vivienda. El salario medio de una familia blanca en Minneapolis roza los 100.000 dólares anuales, mientras que, para las familias negras, se queda en unos míseros 28.500 dólares. Los blancos y los negros siguen separados y desiguales.
La desigualdad racial en EE.UU. no ha cesado de crecer desde la década de 1970. No debe sorprendernos pues que el coronavirus haya afectado mucho más a los negros que a los blancos, no solo en términos de mortalidad, sino también en lo que se refiere a la pérdida de empleos y a las dificultades para llegar a fin de mes a lo largo de esta crisis. Los efectos más directos del confinamiento –el cierre de escuelas y la imposibilidad de trabajar– afectaron especialmente a los afroamericanos, lo que les dio más razones y tiempo para manifestarse noche tras noche. Manifestantes mayoritariamente pacíficos provocaron daños materiales en los barrios en los que viven atrapados, algo típico de los disturbios; lo que no fue tan típico es que también atacaron tiendas de lujo, restaurantes y bancos alejados varias manzanas.
La violencia policial es la expresión más brutal de estas desigualdades. En EE.UU., el mantenimiento del orden es una prerrogativa local, ejercida por la ciudad o el condado, fuera de la jurisdicción estatal o federal. El Departamento de Policía de Minneapolis (MPD) tiene un largo historial de incidentes violentos y fatales contra ciudadanos negros. Antes del linchamiento filmado de George Floyd, gozaba de una impunidad casi sistemática, como ya se vio con los agentes responsables de las muertes de Jamar Clark y Philando Castile. Las prácticas de acoso racista son abundantes. A pesar de que la población no blanca solo representa el 40% del total en Minneapolis, concentra el 74% de casos de uso de la fuerza por parte de la policía. Según un estudio publicado en 2018 por la oficina del Defensor del Pueblo del condado, tres de cada cuatro conductores cuyos coches fueron registrados eran negros, y eso en una ciudad en la que solo representan un quinto de la población. En los casos en los que además se registró al conductor, el 76% eran negros y el 13%, blancos. Dado el amplio criterio del que hace gala la policía, prácticamente cualquier cosa es motivo suficiente para que te dé el alto. Todos los negros del país saben que cuando están al volante, el color de su piel basta para levantar sospechas. En las Twin Cities, pocos han olvidado que la Policía tiene su origen en las patrullas que perseguían a los esclavos huidos.
El sindicato de policías es uno de los engranajes clave de este sistema. En Minneapolis, el presidente de su sección local, el teniente Bob Kroll, se aseguró la lealtad de los miembros del cuerpo saboteando los esfuerzos de los sucesivos alcaldes demócratas por disciplinar a los agentes violentos. Según el actual alcalde, Jacob Frey, “los comisarios y los oficiales electos que han tratado de introducir cambios se han enfrentado sistemáticamente a la hostilidad del sindicato y a una legislación que protege a los autores de la violencia” (2). Frey y su exjefa de Policía, Janeé Harteau, han acusado al sindicato de obstruir cualquier intento de castigar a los infractores. Los oficiales están protegidos por un protocolo de arbitraje negociado con el sindicato que trata cualquier abuso de autoridad como un acto de defensa propia. Derek Chauvin, el agente que estranguló con su rodilla durante casi nueve minutos a George Floyd, acumula diecisiete denuncias por abuso en sus veinte años de carrera, de las cuales solo una resultó en una reprimenda. En virtud de los acuerdos con el sindicato, el contenido de estas quejas nunca se ha hecho público. De los tres agentes que presenciaron impasibles la tortura de George Floyd, dos llevaban menos de un año de servicio. El tercero, Tou Thao, contaba ya con un total de seis denuncias por violencia, cinco de las cuales fueron archivadas. En 2017, este agente y un compañero le dieron una paliza a un detenido esposado. Aunque la ciudad indemnizó con 25.000 dólares al denunciante, Thao contó con la protección del sindicato y no recibió castigo alguno.
El teniente Kroll, que compartió escenario con Donald Trump en un mitin de 2019, considera a los demócratas que dirigen la ciudad como traidores a su causa al, por ejemplo, negarse a contratar más personal para reprimir la violencia urbana. Sus quejas resaltan la mentalidad victimista y la aversión a la izquierda que caracterizan a las fuerzas de seguridad del país. Siempre que los jefes de Policía (nombrados por la alcaldía y a menudo venidos de otras ciudades) han introducido programas para enseñar tácticas de desescalada o para extirpar el llamado “sesgo implícito” de los agentes, el sindicato se ha opuesto y ha boicoteado tales iniciativas. Y cuando los funcionarios electos elaboraron un proyecto de ley para obligar a los agentes del MPD a residir en la ciudad en la que ejercen, con el fin de que vivan más cerca de su población, el senado local, presionado por los lobbies policiales, rechazó el texto. El 92% de los policías del departamento de Minnesota viven fuera de la ciudad en la que trabajan.
El alcalde de Minneapolis tomó la saludable decisión de prohibir el curso de adiestramiento de combate que enseña a los agentes a percibir a cada ciudadano negro como una amenaza –un popular programa de la Policía de EE.UU. impartido bajo la bandera de la killology (o la “ciencia del asesinato”), una doctrina con pretensiones de ciencia que busca liberar en los agentes los impulsos depredadores que habitan en todos nosotros–. Conquistado por esta visión del mundo y repelido por los deseos de desescalada del alcalde, Kroll reaccionó elaborando su propio programa de adiestramiento, financiado por el sindicato e inspirado también en los preceptos de la killology. En su opinión, las políticas de desescalada no funcionarían con la policía de Minnesota porque, según afirma, “no está en su naturaleza. Estás enseñándoles a que se hagan atrás y eso no es lo natural. De ahí viene todo el estrés de esos policías que no tienen la libertad de coger a alguien y decirle: ‘No, o te calmas o te meto en la cárcel y, si es necesario, utilizaré la fuerza’” (3).
Kroll calificó a George Floyd de “criminal violento” y acusó a los manifestantes de pertenecer a un “movimiento terrorista”. Sus subordinados le guardan una lealtad inquebrantable. Ganó cómodamente las últimas elecciones sindicales, pues nadie se atrevió a competir contra este teniente, y él mismo nombró a su sucesor. Esta lealtad nace del hecho de que Kroll siempre protege sus actuaciones, sin importar cuán brutales o letales sean, tal y como hacen los sindicatos policiales de todo el país. Por eso, tanto en Minnesota como en el resto de EE.UU., los principales sindicatos de trabajadores han renegado de los sindicatos de policías en solidaridad con George Floyd. Los lazos de complicidad orgánica que unen al MPD con el sindicato de policía y el hecho de que este representa indiscutiblemente a los policías, pues son quienes votan por él, ha sido pasado por alto en la carrera por buscar culpables. Kroll pronto se jubilará, pero la cultura del sindicato no cambiará ni en Minneapolis ni en ningún otro lugar hasta que no se eliminen de los servicios policiales las tendencias a la violencia coercitiva y el sesgo racial.
¿Y qué pasará ahora? Desde la explosión de finales de mayo, ha surgido un movimiento encabezado por activistas y por el Ayuntamiento de Minneapolis que aboga por “desfinanciar” (defund) a la Policía. Con este término de definición difusa algunos entienden la idea de desviar parte del dinero asignado a las fuerzas del orden a servicios sociales o a programas de apoyo –especialmente a personas con trastornos psiquiátricos– escogidos por la community (“comunidad”) o a consejos de barrio que asumirían algunas de las responsabilidades anteriormente reservadas al MPD. Este último seguiría encargándose de los crímenes violentos, no obstante. Para otros significa algo más radical: disolver dicho departamento y empezar de cero, lo que despierta entusiasmo (poco) y preocupación (abundante) en los condados blancos de Minnesota.
Otra táctica que se está desplegando ha sido la cancelación de contratos con el MPD por parte de la Universidad de Minnesota, los colegios de Minneapolis y la Junta de Parques de Minneapolis, entre otros. Los agentes de Policía que se ocupaban de la seguridad en las escuelas o en los eventos deportivos universitarios pierden así un complemento importante a su salario anual, ya que estas tareas a menudo se realizan fuera del horario de servicio. Esta ola sin precedentes de rechazo institucional, aunque considerada insuficiente por los activistas, cogió por sorpresa a todos. Sus efectos no serán insignificantes. Con tal de restaurar ese dinero fácil extra, los agentes puede que estén dispuestos a aceptar los cambios contra los que tanto luchó Kroll, especialmente en un momento en el que el MPD y el sindicato deben renegociar su convenio.
Por último, el gobernador ha instado al Departamento de Derechos Humanos a investigar las acusaciones de prácticas discriminatorias hacia personas de color por parte del MPD. Este departamento tendrá autoridad para imponer cambios específicos o incluso tomar el control temporal de la Policía y del sindicato.
Resulta extremadamente raro que los agentes que han matado a ciudadanos afroamericanos sean condenados en los tribunales, por la simple razón de que, tal y como nos recuerda el movimiento Black Lives Matter, las vidas de los negros en EE.UU. siguen sin importar. La lista de víctimas no terminará con George Floyd; ya se han sumado otros nombres, como el de Rayshard Brooks, asesinado el 12 de junio por un policía de Atlanta tras ser arrestado por quedarse dormido en su coche. Pero este no es un problema que se circunscriba al territorio estadounidense. Ya se trate de negros en Estados Unidos, de migrantes en Europa, de pueblos indígenas o de gente sin hogar, el capitalismo moderno, de la mano de un nacionalismo revitalizado, ha alterado nuestras definiciones de ciudadanía y los derechos que la sustentan y ha creado categorías de personas prescindibles cuyas vidas pueden ser arrebatadas por el Estado sin que se cause revuelo alguno. Los grupos atacados son tildados de antisociales, condenados a ser expulsados de las calles en el caso de los sintecho, considerados inasimilables en el caso de los refugiados o como un enemigo interno que desafía el statu quo en el caso de la gente de color.
Por eso, los casi nueve minutos de vídeo en los que se ve a Chauvin hincando su rodilla en el cuello de Floyd quizá sean insuficientes para encarcelarlo a él y a sus tres cómplices. Cualquier antecedente “criminal”, cualquier rastro de droga encontrado en su cuerpo durante la autopsia, cualquier actividad potencialmente delictiva, como vender cigarrillos sueltos o el presunto uso de un billete falso, pueden ser suficientes para convertir a la víctima en culpable a ojos de la mayoría blanca. Todo aquel negro con antecedentes penales por consumo de drogas (y tras la guerra contra la droga, son multitud) o multas de tráfico sin pagar será juzgado indigno de merecer compasión o justicia en caso de muerte violenta. En el caso de George Floyd, el veredicto sin duda dependerá de la composición del jurado. Y lo que es aún más importante, incluso si los cuatro policías son condenados, parte de la izquierda blanca y todos los conservadores esgrimirán el argumento de la manzana podrida con tal de salvar el resto de la cesta. Se harán llamamientos solemnes para restaurar la confianza en la Policía, que, después de todo, no lo hace mal a la hora de defender el bienestar de las clases medias y altas blancas. Visto así, Minneapolis no es tan distinta de Nueva York, París, Sidney o Río de Janeiro.
