En febrero de 2008, dos campesinos fueron ejecutados por miembros de la policía que reprimía el bloqueo de caminos durante un paro nacional agrario en la región de Ayacucho. Algunos días más tarde, el presidente peruano Alan García declaraba: “La policía ha actuado con mucha convicción y decisión, y yo felicito a la policía, está muy bien que defienda al Perú (…) Que sirva de lección a los que promueven públicamente el paro y la agitación; que sepan a dónde conduce esto”.
Estas amenazas se sustentan en un aparato legal creado bajo el Gobierno de Fujimori, después endurecido por el Gobierno de García, que permite la criminalización de los movimientos sociales y la impunidad de las Fuerzas Armadas en sus acciones represivas. Estas, igual que la policía, se sienten autorizadas a utilizar libremente sus armas contra los que protestan, sin tener que responder ante la justicia por las heridas o (...)
