En 1975, mientras España llevaba a cabo una difícil transición de la dictadura a la democracia, Marruecos anexionó la antigua colonia española del Sáhara Occidental. Aunque su intervención ignoró las resoluciones a favor de la autodeterminación tanto de Naciones Unidas como de la Organización de la Unidad Africana (actualmente Unión Africana), Rabat alegó que estaba restableciendo su integridad territorial, alterada por los colonialismos francés y español. Sin embargo, se supo que el rey Hassán II había manipulado la reivindicación de esa región para maximizar el apoyo interno a la monarquía.
Los saharauis del Frente Polisario, respaldados por Argelia, rechazaban esa reivindicación. Ambos se apoyaban en las decisiones de las organizaciones citadas anteriormente y en la posición del Tribunal Internacional de Justicia, emitida en octubre de 1975, que, a petición de la Asamblea General de la ONU un año antes, había tenido en cuenta los alegatos de Marruecos, Argelia y Mauritania. El Tribunal llegó a la conclusión de que, aunque tribus saharauis hubieran tenido líneas de vasallaje con el sultanato de Marruecos en tiempos precoloniales, éstas no eran suficientes para legitimar la reivindicación de soberanía territorial, tal y como Rabat pretendía. El fallo satisfizo a ambos rivales: Marruecos afirmaba que la primera parte del mismo justificaba sus reivindicaciones, mientras el Frente Polisario insistía en que la segunda parte, implícitamente, abogaba por un proceso de autodeterminación.
Estas posturas no han variado, planteando la cuestión de si, dada la intransigencia permanente de las partes, se puede esperar algún tipo de resolución en un futuro previsible. Pero las cosas pueden cambiar. Las protestas contra Marruecos aumentan en las ciudades del Sáhara. Y es posible que el nuevo Presidente de Estados Unidos tenga, por primera vez, una posición distinta, sobre esta cuestión, de la de su fiel aliado marroquí.
