“Si se retrasa la edad legal –tuvo que admitir Franck Riester–, a las mujeres, por supuesto, se las penaliza un poco”. El pasado 23 de enero, en el canal LCP, el ministro francés de Relaciones con el Parlamento concedía lo evidente. Las afectadas, por su parte, no habían necesitado al ministro para alcanzar la lucidez: según un sondeo publicado por la empresa de demoscopia IFOP una semana antes de sus declaraciones, el 73% de ellas se oponía a la jubilación a los 64 años, un nivel de rechazo siete puntos superior al de los hombres. Como anteriormente declararon los Gobiernos de Jean-Marc Ayrault en 2013 y de Jean Castex en 2019, el Gobierno de Elisabeth Borne mantiene desde hace meses que persigue un objetivo de justicia. Pero ya no cuela.
Recomendada por grandes instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Comisión Europea, la misma lógica se viene observando, dondequiera (...)
