El pasado 12 de junio, en la región de Tsorona (Eritrea), unidades de reconocimiento del Ejército etíope, que habían penetrado en terreno de sus vecinos poco antes del alba, se encontraron con patrullas eritreas. En pocos minutos, un segmento que comprendía algunas decenas de kilómetros de la antigua línea del frente de la guerra entre ambos países (1998-2000) se incendió: disparos de artillería pesada, movimientos de tanques, salvas ininterrumpidas durante casi veinticuatro horas. Asmara denunció una “agresión”, mientras que Adís Abeba guardó un incómodo silencio. Hubo que esperar al 14 de junio para que el portavoz del Gobierno etíope publicara un belicoso comunicado que proclamaba que su país tiene “la capacidad de llevar adelante una guerra total contra Eritrea”.
Semejante amenaza parece desproporcionada, ya que se trataba de un banal incidente fronterizo como las decenas que se producen desde el difícil armisticio de Argel, firmado entre ambos beligerantes en el año 2000 (véase el recuadro). Sin embargo, esas bravuconadas se inscriben en un contexto de tensiones mucho más graves de lo que parece. El 18 de junio tuvo lugar en Washington una discreta reunión de urgencia a petición del Gobierno etíope, mientras que el 21 todos los implicados en la oposición armada etíope se reunían en Ginebra. En Adís Abeba no existe ninguna forma de oposición civil porque el régimen marginó a todos los movimientos disidentes; el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (FDRPE) del ex presidente Meles Zenawi (muerto en 2012) posee 472 de los 527 escaños en la Cámara de Representantes.
Los movimientos político-diplomáticos de junio de 2016 coinciden con los despliegues militares. Desde el 6 de junio, algunos soldados etíopes se posicionaron en el distrito de Tadjoura, en la República de Yibuti, de conformidad con el acuerdo firmado a principios de mayo con el presidente yibutiano Ismail Omar Guelleh. El jefe del Estado Mayor del Ejército yibutiano declaró públicamente que el Ejército etíope podía, por lo tanto, penetrar en territorio yibutiano sin autorización previa, utilizar las instalaciones militares locales e incluso intervenir en los conflictos internos de esa pequeña República. El acuerdo había sido alcanzado de forma rápida tras el anuncio de la firma del contrato de desarrollo del puerto de Berbera entre la sociedad Dubai Ports World (DPW) y el Gobierno de la vecina Somalilandia. Con la guerra de 1998-2000, Etiopía perdió el acceso al mar y pasó a ser un país completamente enclavado. En Yibuti, las fuerzas etíopes se enfrentaron a las fuerzas eritreas instaladas allí tras el conflicto fronterizo de junio de 2008, que opuso a Eritrea y Yibuti por el control del cabo Dumeira. Ambos Ejércitos apenas están separados por un escaso cordón de tropas cataríes, desplegadas en junio de 2010 a petición conjunta de Asmara y de Yibuti. Las tropas de Adís Abeba también están desplegadas en la región de Afar, muy próximas al puerto eritreo de Assab, incluso en un momento en que Emiratos Árabes Unidos quiere transformarlo en un puerto de aguas profundas frente a las costas de Yemen.
Varios elementos permiten descifrar el caótico paisaje geopolítico del Cuerno de África. En primer lugar, Etiopía siente un temor hereditario que puede resumirse así: “Estamos rodeados por todas partes de enemigos árabes que hicieron de nuestros enemigos eritreos un intermediario en la ribera africana”. Esta visión paranoica –pero comprensible, dada la larga historia de amenazas musulmanas en el antiguo reino abisinio– es corroborada por la reciente reafirmación de la radical hostilidad de Egipto a la construcción de la presa del Renacimiento en el Nilo (1). Se necesitarían siete años para llenar el embalse (67.000 millones de metros cúbicos), periodo durante el cual el caudal del río bajaría un 25%.
El Cairo ha llegado incluso a plantearse la destrucción del embalse; ésta ya era la posición del ex presidente Hosni Mubarak. Aunque es impensable que las fuerzas saudíes y de los Emiratos ataquen Etiopía, es posible imaginar que las fuerzas egipcias, en especial aéreas, amenacen la nueva base de Assab en nombre de la solidaridad árabe. La idea de que, en este caso, la mejor defensa sería un ataque preventivo se abre paso entre los muy restringidos círculos del poder del FDRPE que se encargan de la seguridad. No obstante, Etiopía –una de las potencias militares más importantes de la subregión– estaría entonces enfrentada a toda la coalición, ya sea militarmente o a través de represalias financieras y diplomáticas.
Segundo elemento: la República de Yibuti es el punto débil de los antiguos conflictos entre Eritrea y Etiopía (2). Clásicamente considerado como un remanso de paz en una zona en ebullición, este micro-Estado se convirtió en el terreno de juego de todas las ambiciones regionales. Desde hace tiempo, el pequeño país alberga una base francesa, legado de la época colonial, con sus 2.400 efectivos y su coste anual de 30 millones de euros pagados por París. Desde 1999, también Estados Unidos situó allí a 4.000 militares (factura: 60 millones de euros). Esta implantación permite a Washington enviar drones sobre objetivos seleccionados en Yemen y en Somalia. Desde 2011, los japoneses –con unos cientos de soldados y dos antiguos aviones Lockheed de vigilancia marítima– persiguen a los piratas somalíes. Así pues, por 20 millones de euros al año, el Ejército nipón dispone de nuevo de una base de ultramar, la primera desde 1945. En cuanto a los alemanes y a los españoles, éstos no instalaron bases, pero tienen algunas decenas de soldados alojados simplemente en el hotel Kempinski. Por último, para diciembre de 2016 se anuncia la instalación, cerca de Tadjoura y lejos de los occidentales, de una base china que puede recibir de 5.000 a 10.000 soldados. El coste anual, todavía secreto de Estado, podría variar: de 25 a 85 millones de euros dependiendo de si Pekín construye o no un puerto y un aeropuerto. Ya se están edificando las primeras construcciones. Para no ser menos, Moscú ha manifestado su interés por unirse a ese club de turistas armados mediante una serie de contactos informales.
Batalla por los puertos
En poco tiempo, el pequeño territorio yibutiano (23.000 kilómetros cuadrados, el equivalente a Eslovenia) contará con más soldados extranjeros que nacionales. Pero, ¿se trata de verdad de un Estado nación? “Yibuti no es tanto un país como una ciudad-Estado comerciante –señalaba un diplomático occidental en un documento de Wikileaks de 2004–, y está controlado por un único hombre, Ismail Omar Guelleh”. Con el 86,59% de votos en las elecciones presidenciales del 8 de abril de 2016, dicho control sigue siendo absoluto. La política militar es la herramienta esencial de este principado hereditario que, desde 1977, dirige la familia Guelleh y el clan Mamasan, de la familia de clanes Issa. Al igual que sus vecinos Etiopía y Eritrea, Yibuti está gobernado por un régimen autoritario que se encuentra en el punto de mira de las organizaciones de defensa de los derechos humanos (3).
Tercer elemento: una batalla por los puertos causa estragos entre los países de la subregión. En Yibuti, todo gira en torno al puerto, que representa el 76% del Producto Interior Bruto (PIB). Ahora bien, esta actividad depende en un 80% del cliente etíope, a quien, desde la guerra de 1998-2000, se le prohibió el acceso al puerto eritreo de Assab. En ese contexto, el Estado no reconocido de Somalilandia (4) firmó el pasado 8 de mayo un acuerdo comercial con el tercer operador mundial, Dubai Ports World (DPW), propiedad del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Así, el puerto de Berbera empezó a competir directamente con el de Yibuti. El principal opositor del presidente yibutiano, Abderrahman Boreh, que vive exiliado en Dubai, dispone de sólidas relaciones con los Emiratos Árabes Unidos; incluso fue él quien en 2006 alentó a DPW a instalarse en Yibuti. En 2013, cuando Dubai se negó a extraditarlo, el presidente Guelleh anuló la concesión portuaria de DPW para confiársela a una sociedad rival (en la actualidad este caso está pendiente en un tribunal de Londres). Las cosas empeoraron hasta el punto de que, en abril de 2016, Yibuti y Dubai rompieron sus relaciones diplomáticas.
La llegada de DPW al puerto somalilandés de Berbera, con Boreh que mueve los hilos desde atrás, provocó el pánico en Yibuti. En efecto, Berbera es un antiguo puerto colonial británico olvidado durante mucho tiempo por donde apenas transitan 40.000 contenedores al año, frente a 900.000 en Yibuti. Pero Etiopía anunció su deseo de deslocalizar allí el 30% de su tráfico, a la vez que DPW planteó una inversión de 400 millones de euros en éste, una cifra que supera con creces el presupuesto anual de Somalilandia. Así pues, el Presidente yibutiano se precipitó a Etiopía para ofrecer un “acuerdo de seguridad” que permitiría al Ejército etíope maniobrar en Yibuti como si fuera un país conquistado. Ya en 2014 Adís Abeba había expresado su deseo de “considerar Etiopía y la República de Yibuti como un solo y único territorio”. Una especie de “soberanía limitada” para Yibuti.
Las maniobras, demasiado evidentes, del opositor Boreh alimentan la inquietud del dictador de Yibuti. Así, el primero había solicitado ser invitado oficialmente a las ceremonias que marcaron los veinticinco años de independencia de Somalilandia el pasado 18 de mayo. Prudentes, las autoridades de la República no reconocida no accedieron a esa petición, “dado que habría equivalido a declarar la guerra a Yibuti”, nos confió un oficial somalilandés. Las tensiones siguen existiendo, ya que Boreh pertenece por parte de su madre al subclan Yoonis Moussa de los Issa, que el 21 de diciembre de 2015 resultó víctima de una masacre en plena ciudad de Yibuti –las circunstancias aún no han sido esclarecidas, incluso se desconoce el número exacto de muertos–. Ahora bien, los Yoonis Moussa representan el 60% de los efectivos del Ejército yibutiano, desplegado en los montes Mabla, al norte del golfo de Tadjoura, donde se considera que luchan contra la rebelión afar del Frente para la Restauración de la Unidad y la Democracia (FRUD). Desde la matanza del 21 de diciembre, su voluntad de combatir se ha reducido a cero.
El presidente Guelleh intenta hacer frente adhiriendo a su causa al sultán somalilandés Gadabursi Abubakar Elmi Wabar, quien se opone a las autoridades de su “país”. Pero se debate en un vasto juego de alianzas y de amenazas contradictorias: mientras implora la ayuda de los etíopes –que no por ello dejan de negociar con DPW en Berbera–, tiene que tratar con los enemigos árabes de Etiopía, que también reclaman una base militar en Yibuti para apoyar su campaña militar en Yemen.
Cuarto elemento, en efecto: la hoguera yemení. En el estrecho de Bab el Mandeb (“la puerta de las lamentaciones”), apenas treinta kilómetros separan África de Yemen. Atrapado en la tempestad de la “primavera árabe”, en 2012 fue empujado hacia la salida su presidente dictador, Ali Abdalá Saleh, quien gobernaba el país con mano de hierro desde 1978. Pero mucho antes del levantamiento de 2011, esta dictadura prooccidental se enfrentaba no sólo a una rama yihadista particularmente activa, Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), sino también a una insurrección zaidí concentrada en las provincias de Saada y Amran. Así, la “revolución popular” de 2011 dejó vía libre a esos dos movimientos, cuyas preocupaciones, sin embargo, no eran particularmente democráticas.
Las fuerzas zaidíes, popularmente llamadas “hutíes” –por el nombre de su líder histórico caído en combate en 2004, el predicador Hussein al Houthi–, se apoderaron con rapidez de la capital, Saná, donde se aliaron con el ex dictador Saleh. El 25 de marzo de 2015, Arabia Saudí decidió intervenir a la cabeza de una coalición de países suníes (5). Los hutíes, asimilados a los chiíes, eran de repente señalados con el dedo como una “quinta columna” de Teherán a orillas del mar Rojo, mientras que Abd Rabbo Mansur Hadi, sucesor de Saleh, era elevado al rango, poco convincente, de símbolo de la renovación democrática. Así, los vecinos africanos se encontraron implicados en ese vórtice árabe. Hasta el comienzo de la guerra civil, Yemen era el principal punto de paso de los refugiados –tanto políticos como económicos– del Cuerno de África que se dirigían hacia Europa.
Desde abril de 2015, unos días después del ataque saudí, el presidente eritreo Issayas Afeworki firmó un acuerdo de cooperación a todos los niveles con Riad y la coalición armada reunida en el marco del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Entonces, los “emiratíes” desembarcaron en Assab para construir un aeropuerto de donde ahora despegan los aviones de combate saudíes. El puerto fue reparado rápidamente. Los primeros (modestos) contingentes de tropas eritreas llegaron al frente yemení y la cooperación se extendió al régimen sudanés del presidente Omar al Bashir, quien también envió sus tropas a cambio de importantes transferencias financieras saudíes. Por su parte, Asmara expulsó hacia su país de origen a los opositores yemeníes que estaban en su territorio.
Lógicamente, esta intensa actividad político-militar provocó la inquietud de Adís Abeba. Para Etiopía, ver cómo el enemigo mortal eritreo establecía una alianza tan estrecha con las potencias árabes es tanto más alarmante cuanto que Washington, que desea dar garantías al mundo árabe suní para que se le perdonara el acuerdo nuclear con el Irán chií, se puso completamente del lado de la coalición. Por intermediación del CCG, Asmara se beneficia ahora de una mansedumbre estadounidense a la cual no estaba acostumbrada, ya que está acusada de violación de los derechos humanos. Además, el 8 de junio de 2016, la Comisión Investigadora de Naciones Unidas declaró que existían “buenas razones para creer que desde 1991 se han cometido en Eritrea crímenes de lesa humanidad tales como la esclavitud, el encarcelamiento, la tortura, la violación y el asesinato”. Al querer agasajar al CCG, Washington se pierde en amistades cada vez más dudosas y con poco consenso en la región.
En cuanto a los “emiratíes” y a los saudíes, en julio de 2015 no vacilaron en invitar al “presidente” de Somalilandia, Ahmed Mahamoud Silanyo, poco habituado a tales gestos dado que su Estado sigue sin ser reconocido. El encuentro fue orquestado como un teatro de sombras donde cada actor representó su papel a la perfección. Se le pidió a Silanyo tropas y la posibilidad de utilizar el puerto de Berbera; no se negó, pero se quedó de brazos cruzados, y los dirigentes del CCG hicieron como si no se dieran cuenta. El honor quedaba a salvo.
También el Presidente yibutiano se mostró prudente acerca del asunto yemení: al habérsele solicitado abrir una base para la coalición del CCG (¡otra más!) y enviar tropas a Yemen, no negó ni aceptó, como su adversario Silanyo. Finalmente se contentó con otorgar una autorización de escala para los aviones de transporte saudíes, pero no directamente para su aviación de guerra. Por más que los poderes yibutianos y somalilandeses estén enfrentados con respecto a los puertos del mar Rojo, comparten la misma reserva tácita sobre la aventura militar saudí y emiratí en Yemen.
Quinto y último elemento que permite explicar la geopolítica regional: el interrogante somalilandés. Después de veinticinco años de existencia de facto, Somalilandia todavía no existe oficialmente. Al no estar reconocida, no se beneficia de casi ninguna ayuda extranjera y no pertenece a ninguna organización internacional. Sin embargo, dispone de un Gobierno, una Policía (desarmada), un Ejército (razonablemente bien equipado), así como de un sistema judicial reconocido. Hace veinte años que el país vive en paz. Contrariamente a sus vecinos africanos, funciona según modalidades democráticas indudables, organizando con regularidad elecciones pacíficas. Esta sorprendente democracia puesta en cuarentena (6) surgió del antiguo protectorado de British Somaliland. Logró su independencia tras la guerra civil de 1981-1991 que asoló Somalia con la caída de Siad Barre. Administrada con prudencia y casi con timidez, este pacífico Estado está amenazado sobre todo por el deterioro diplomático y el subdesarrollo. Triunfó en el ámbito político, mientras que Somalia se hunde en conflictos internos: en 2006, el Ejército etíope, apoyado por la Unión Africana, recuperó para el Gobierno federal somalí de transición Mogadiscio, que estaba en manos de los señores de la guerra y de la Unión de Tribunales Islámicos. Además, el país sufrió el terrorismo de las milicias islámicas Al Shabab, tal y como lo demostró el asalto mortal a un hotel de la capital el 25 de junio. En cambio, Somalilandia sufre la cuarentena que le impone la “comunidad internacional”.
Somalilandia desestabilizada
El acuerdo del 8 de mayo de 2016 con DPW vuelve a barajar las cartas: ese “país” temeroso es proyectado a la escena por la “tibia guerra” regional. Los efectos serán múltiples, y potencialmente desestabilizadores porque este acuerdo representa una amenaza tanto económica como política para Yibuti; porque, mal que bien, coloca a este frágil Estado en la órbita de los Emiratos Árabes Unidos; y porque corre el riesgo de perturbar la estabilidad interna. En efecto, el puerto de Berbera, por muy aletargado que esté, era el único punto de anclaje económico consecuente de ese paupérrimo país. Feudo de la rama Issa Moussa del clan Habr Awal de los Issaq, alimentaba a la población local y le aseguraba ingresos confortables, que hoy teme perder. El peligro de guerra entre clanes, que Somalilandia había logrado controlar durante un cuarto de siglo, podría reactivarse.
Somalilandia sobrevivió a diez años de guerra civil nacional, seguidos de cinco años de guerra civil regional y, por último, a veinte años de pobreza y de desdén internacional. ¿Sobrevivirá a un surgimiento financiero desproporcionado y a una exposición diplomática, incluso militar, con parámetros que no controla? En esta perturbada región, es ante todo una interrogación.
El imperialismo de las grandes potencias atraviesa una crisis: es impugnado, combatido, parasitado o superado por una pluralidad de microimperialismos con los que ahora tiene que lidiar. Eso no significa que las potencias china, estadounidense, francesa o rusa ya no existan; significa que, al igual que Gulliver atacado por los liliputienses, esos gigantes avanzan con un paso menos seguro, obstaculizados por aliados incómodos y por casi enemigos. Múltiples agitadores manifiestan un activismo tan determinado como discutible, que no tiene nada que envidiar a los peligrosos movimientos de los dinosaurios que los dominan. Peor aún: sus estratagemas no tienen nada que temer de opiniones públicas entrenadas para ser pasivas, más atentas a las cuestiones internas que a la geopolítica.
En el Cuerno de África, la desorientación de Estados Unidos parece casi total. A excepción de Eritrea y de Sudán (el cual haría de todo para que se le quitara el peso de las sanciones económicas), no hay ni un solo país de la zona que no sea oficialmente su “amigo”. Egipto hace todo lo posible para estrangular a los Hermanos Musulmanes; Etiopía sigue siendo un fiel aliado, aunque mira con gran interés a Pekín; Yibuti juega a ser un satélite de la totalidad del capitalismo internacional globalizado, listo para recibir incluso al propio diablo si se beneficia de una recomendación del Fondo Monetario Internacional; los saudíes y los emiratíes ignoran a Washington, pero no tienen padrino de repuesto… En cuanto a Somalilandia, implora un poco de piedad a la gente respetable. Eritrea es el único cascarrabias de la banda. No obstante, su naufragio económico y la fuga de su juventud son tales que siempre termina como un pedigüeño en la escalinata de los poderosos.
Washington no logra reconciliar a todos sus “amigos” que guerrean sin su permiso, confabulan unos contra otros y prosiguen sus respectivas políticas descuidando el paraguas estadounidense, incluso utilizándolo sin pedir su autorización. Es el caso de la coalición del CCG, que recibió cerca de 10.000 millones de dólares de suministro militar estadounidense para proseguir una guerra que Washington, sin embargo, mira sin entusiasmo. También se enajenó Adís Abeba al rescatar Asmara, y enfrenta al conjunto de los clientes y aliados de Estados Unidos –si no los arroja a los brazos de China–.
