No es una sorpresa. Desde hace más de dos siglos, la protesta está en el código genético político de la sociedad francesa. Además de ser derechos constitucionales, la manifestación callejera y la huelga constituyen modos naturales de ejercer la plena ciudadanía. Cada nueva generación considera que participar en los cíclicos arrebatos de cólera social es un rito de paso para acceder a la mayoría de edad democrática.
Esta vez, el detonante de la crisis ha sido el presidente francés. Desacreditado y enfangado en varios hediondos escándalos, obcecado por el FMI y las agencias de calificación, Nicolas Sarkozy se muestra sordo a las quejas del pueblo y pretende demoler una de las joyas principales del Estado de bienestar: el derecho a jubilarse a los 60 años.
Conquistado tras decenios de enfrentamientos, este avance social es percibido, en el imaginario colectivo, como un totem intocable. Sarkozy –que, en 2008, prometió respetarlo– ha subestimado el (...)
