Detenciones arbitrarias, violencia física y psicológica, confesiones obtenidas mediante extorsión, juicios sin abogado, chantajes a los familiares... Gulbahar Haitíwaji, que es uigur, relata el horror vivido en la cárcel y en centros de reeducación de Sinkiang (1) (China).
Todo comienza en 2016 cuando recibe una llamada de su antigua empresa pidiéndole que vuelva a China para rellenar unos papeles con vistas a su jubilación. No es la primera vez que regresa al país desde su llegada a Francia, diez años atrás, con su marido y sus dos hijas. Aunque los tres han adoptado la nacionalidad francesa, ella ha preferido conservar la suya para poder visitar sin problemas a su familia (China no reconoce la doble nacionalidad).
Nada más llegar es arrestada acusada de actividades terroristas. La prueba: su marido milita en el Congreso Mundial Uigur (WUC por sus siglas en inglés) y una de sus hijas ha sido fotografiada durante una manifestación en París con una pequeña bandera del Turkestán Oriental en la mano (el nombre de Sinkiang para los independentistas). Es llevada de prisión en prisión y finalmente recluida en un “centro de reeducación” donde se relaciona con decenas de mujeres, desde la profesora acusada de “separatismo” hasta una antigua vecina, una musulmana practicante. Debe hablar mandarín (y no su idioma), aprenderse de memoria textos del Partido Comunista y del presidente Xi Jinping, no rezar (ella, que no era practicante, comienza a rezar en secreto) y condenar a su marido e hijos. La combatividad de su hija y la intervención de Emmanuel Macron terminarán posibilitando su regreso... pero los uigures de Francia la tomarán por una espía.
El testimonio es aterrador. ¿Debemos concluir, como Donald Trump y Joseph Biden, que se está produciendo un “genocidio en Sinkiang”? “La población uigur pasó de 5,5 millones a 12,72 millones entre 1978 y 2018”, indica el periodista Maxime Vivas, conocido sobre todo por su investigación La Face cachée de Reporters sans frontières (“La cara oculta de Reporteros Sin Fronteras”, 2007), que trata de desmontar determinadas informaciones falsas (2). Es cierto que la tasa de natalidad ha disminuido considerablemente estos dos últimos años, pero a día de hoy nadie está en condiciones de identificar las causas: miedo al futuro, ausencia de los hombres que están en prisión o esterilización forzosa (que caracteriza un genocidio).
El autor señala que muchos “informantes”, como los de la red Defensores Chinos de los Derechos Humanos (CHRD por sus siglas en inglés), el WUC o el muy controvertido Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI por sus siglas en inglés), lejos de ser investigadores neutrales, son financiados por la organización estadounidense National Endowment for Democracy (NED), creada, según el editorialista del New York Times John M. Broder, “para hacer abiertamente lo que la Central Intelligence Agency (CIA) hizo subrepticiamente durante décadas” (31 de marzo de 1997). En cuanto al “investigador independiente” Adrian Zenz, en el que se basan muchos informes, es miembro de la Fundación para la Memoria de las Víctimas del Comunismo y proclama: “Me siento claramente guiado por Dios” (The Wall Street Journal, 21 de mayo de 2019). Esto no implica que todo lo que estos activistas denuncian es inventado, sino que conviene revisar sus declaraciones antes de difundirlas.
Así, Zenz reveló la existencia de campos, que las autoridades chinas han terminado por reconocer calificándolos de “centros de reeducación”. Por el contrario, la imagen del “uigur en el suelo golpeado por un militar” que hizo circular es en realidad la de un “delincuente golpeado por un soldado indonesio”. Vivas cita otras fake news y señala las múltiples mentiras propagadas para justificar la agresiva política de Estados Unidos (incluido el famoso frasco de Colin Powell en Naciones Unidas en vísperas de la Guerra de Irak). También destaca la presencia de yihadistas uigures en Siria o los atentados perpetrados en China. A su entender, la política de erradicación china, que él evita condenar, recuerda a la lucha francesa contra la radicalización y el “separatismo”. Sin embargo, la escala no es comparable. Y olvida que sospechar de una comunidad entera (y castigarla) en virtud de los abusos de unos pocos no solo es injusto e inmoral, sino también ineficaz (3). Por lo demás, los rumores se extinguirían por sí solos frente a una investigación periodística sin trabas ni patrocinadores.
