De aquí a finales de julio, el gobierno de Jean-Pierre Raffarin piensa concluir su reforma de la Seguridad Social. Socialmente injusto, este enésimo proyecto centra sus exigencias en los asegurados y enfermos. Aumenta las retenciones a los ingresos del sector activo con un alza de la Contribución Social Generalizada (CSG) sobre los salarios y las jubilaciones; disminuye los reintegros. En total, la punción será de 5.000 millones de euros, lo que representa el total de la reducción del impuesto sobre beneficios vigente desde hace tres años.
Este proyecto se alinea con las medidas restrictivas tomadas en todo el mundo. Sin embargo, incluso la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) reconoce que muchas de estas restricciones “han tenido efectos indeseables tales como la aparición o el aumento de los tiempos de espera para determinadas prestaciones (...). Algunos países han llevado demasiado lejos su gestión de los costes y se preguntan si (...)
