Portada del sitio > Mensual > 2019 > 2019/02 > ¿Qué quieren los militares brasileños?

Flaqueza del poder de Jair Bolsonaro

¿Qué quieren los militares brasileños?

En Brasil, la entrada en funciones de Jair Bolsonaro ha ido acompañada de ruido de sables. En los ministerios, altos mandos militares se codean en la actualidad con ideólogos neoliberales. Se trata de una unión circunstancial que podría resultar turbulenta: la mayoría de los militares brasileños defienden el intervencionismo económico y la soberanía nacional.

por Raúl Zibechi, febrero de 2019

El pasado 28 de octubre, el ex capitán de artillería Jair Bolsonaro se hizo con la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas de 2018 al obtener el 55,1% de los votos. Esa misma noche, tras darse a conocer los resultados, miles de personas salieron a las calles para celebrar “el regreso de los militares al poder”. En Niterói, una ciudad acomodada del estado de Río de Janeiro, un grupo de soldados fue vitoreado por simpatizantes de Bolsonaro que, enarbolando camisetas de la selección nacional de fútbol, coreaban: “Nuestra bandera nunca será roja”, en referencia al comunismo en el que, según ellos, el Partido de los Trabajadores (PT) habría sumergido al país, entre la elección de Luiz Inácio Lula da Silva, en 2002, y la destitución de su sucesora Dilma Rousseff, en 2016.

Encaramados a los vehículos blindados, los soldados saludan a los manifestantes alzando sus puños. La prensa eligió esta imagen para ilustrar el apoyo de los militares al nuevo presidente. Tras ser investido presidente el 1 de enero de 2019, Bolsonaro designó a militares para algunos de los puestos más relevantes de su Gobierno: vicepresidencia, ministerio de Defensa, de Ciencia y Tecnología, de Minas y Energía, y además, la secretaría de Gobierno, que tiene a su cargo la relación con el Parlamento. De un total de veintidós ministros, siete pertenecen al Ejército (en algún caso, en la reserva), cifra que supera a la de alguno de los Gobiernos de la dictadura (1964-1985). ¿Estamos ante la formación de un Gobierno cívico-militar?

Brasil dispone de las Fuerzas Armadas con mayor poder de Latinoamérica. Estas se apoyan en un histórico complejo militar-industrial y cuentan con think tanks eficaces. Por su capacidad de influencia sobre la Administración y el funcionamiento de la economía –llegando a veces a ejercer directamente el poder, como en la última dictadura–, la fuerza militar juega un papel decisivo en la política del país. Su proyecto consiste en defender una visión del desarrollo nacional forjada a lo largo del siglo XX y que emergió especialmente bajo el Gobierno militar de Getúlio Vargas (1930-1945).

Las Fuerzas Armadas abogaron en esa época por la industrialización, que consideraban decisiva para garantizar la soberanía geopolítica, y no vacilaron en oponerse a una oligarquía terrateniente, reticente a la modernización del país. La mayoría de las grandes empresas que hoy constituyen el orgullo de Brasil fueron fundadas por el Estado en aquella época.

La Escuela Superior de Guerra (ESG), uno de los think tanks del Ejército, constituye su principal instrumento de influencia política y geopolítica. Fue fundada en 1949 tomando como referente el National War College de Estados Unidos, país con el que los militares brasileños mantienen una estrecha vinculación. Este think tank, financiado por el ministerio de Defensa, ha formado a más de ocho mil personas desde su creación, la mitad de ellas civiles. En la página web de la organización se jactan de contar entre sus exalumnos con grandes empresarios y con “cuatro presidentes de la República, ministros de Estado y numerosas personalidades importantes del ámbito político” (1), pero no aparecen publicados sus nombres.

En 1952, la dirección del Departamento de Estudios de la ESG fue confiada al general Golbery do Couto e Silva, experto en geopolítica que formalizó los objetivos a largo plazo de la institución militar: alianza con Estados Unidos contra el comunismo (aunque esta orientación proestadounidense no impide a los militares privilegiar los intereses nacionales); proyección hacia el Pacífico, para cumplir el “destino manifiesto” del país; y control de la Amazonía.

El periodo neoliberal de la década de 1990 frenó las ambiciones de las Fuerzas Armadas. Aparte de la inestabilidad política –que gusta poco a los militares–, el estancamiento económico impactó de lleno en la industria militar brasileña, entonces próspera, asestándole un duro golpe del que tardaría en reponerse”, según el analista Joám Evans Pim (2). Durante esos años, las exportaciones de armamento se limitaron al sistema de lanzamisiles Astros II (de Avibras) y al avión Embraer EMB 314 Super Tucano, ambos diseñados en la década de 1980. De ahí, sin duda, la alianza en principio contra natura entre la institución –asociada a la derecha en el tablero político– y el presidente Lula da Silva. Esta respondió fundamentalmente a la unidad de visiones en relación a la necesidad de que el Estado recupere un papel activo en la afirmación de la soberanía geopolítica del país.

Por otra parte, la llegada al poder de “Lula” también marcó una ruptura. A excepción del régimen militar, ningún Gobierno había prestado tanta atención a las preocupaciones del Ejército, en particular, sobre los asuntos centrales que había enfatizado Golbery do Couto e Silva. Por ejemplo, el proceso de integración regional impulsado por el presidente entró en perfecta sintonía con la ambición militar de controlar mejor la región amazónica y proyectar la influencia de Brasil más allá de sus fronteras, en particular, hacia el Pacífico. Y la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), en 2008, facilitó los progresos de un ambicioso proyecto de desarrollo de infraestructuras, gestionado a nivel de los Estados: construcción de carreteras, excavación de canales de circulación fluvial, tejido de redes de comunicación, etc.

Durante el Gobierno de “Lula”, por primera vez en su historia, Brasil se dotó de una visión estratégica oficial a largo plazo, que se plasmó en un documento titulado Estrategia Nacional de Defensa (END), publicado en 2008. A las ambiciones técnicas, el documento sumó reflexiones económicas y sociales: “Brasil no será independiente mientras que una parte del pueblo no disponga de los medios para formarse, trabajar y producir” (3). A semejanza de la ESG, la END considera que la lucha por la soberanía remite a consideraciones no solo militares, sino también económicas, sociales y geopolíticas.

Entre los principales beneficiarios industriales de este proyecto, bajo las presidencias del PT, figura la sociedad Odebrecht. Fundada a mediados de la década de 1940 como empresa constructora, esta se diversificó bajo el régimen militar (4). En 2010, hizo gala del más insolente dinamismo del sector de la Defensa. Cercana al partido de “Lula”, cuyas campañas había financiado mucho antes de su llegada al poder, la empresa se encargó de equipar a la Marina para la vigilancia de las riquezas petrolíferas –además de varios submarinos, la END preveía que la empresa construyera sesenta y dos buques patrulleros, dieciocho fragatas y dos portaaviones–. Los escándalos de corrupción que hicieron tambalear a Odebrecht pusieron en riesgo a la mayoría de esos proyectos.

De ahí en adelante, la implementación de la END ha sufrido retrasos, que se han acentuado por la grave crisis económica que atraviesa el país. Brasil se había marcado disponer de veinte submarinos convencionales, seis submarinos a propulsión nuclear y un portaaviones antes de 2047, que habría dotado al país de la mayor flota del Atlántico Sur. Exhausto, se ha visto obligado a tragarse sus ambiciones en casi todos los ámbitos, y el primer sumergible nuclear no podrá surcar las aguas antes de 2029 (el año previsto era 2023). Por eso, los militares vieron con buenos ojos la destitución de Rousseff en agosto de 2016, la encarcelación de Lula da Silva en abril de 2018 y ahora la victoria de Bolsonaro.

Más allá del alborozo que gran parte de los militares expresaron, no todas las preocupaciones han desaparecido. El 4 de enero de 2019, el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores, Ernesto Araújo, anunció, entre otras cosas, que el presidente “no descartaba” la instalación de una base militar estadounidense en territorio brasileño: “Deseamos incrementar nuestra cooperación con Estados Unidos en todos los ámbitos. (…) [La base] formará parte de un programa mucho más vasto que queremos poner a punto junto a Estados Unidos” (5) –esa puesta a punto se realizará durante la visita del presidente estadounidense Donald Trump prevista para marzo de 2019–. Ese mismo día, el anuncio desencadenó la reacción de tres generales y tres oficiales superiores. Para ellos, ese tipo de acuerdos solo pueden justificarse en el contexto de una amenaza exterior superior a la capacidad de reacción de una nación: “En ese caso, el más débil solicita la ayuda del más fuerte, para hacer frente a las intimidaciones. Pero nos encontramos muy lejos de una situación parecida” (6).

A dos problemáticas más deberá hacer frente el Estado Mayor: la eventual “politización” de los soldados y la política de privatizaciones que promueve el sector más neoliberal del Gobierno, capitaneado por el ministro de Economía Paulo Guedes, formado en la Escuela de Chicago.

Apenas quince días después de la victoria de Bolsonaro, el general Eduardo Villas Bôas, comandante del Ejército, manifestaba en Folha de Sao Paulo su inquietud en relación con una posible permeabilidad de los militares a los asuntos políticos. Afirmando su voluntad de “trazar una línea de demarcación clara entre la institución militar y el Gobierno” (7). No obstante, en abril de 2018, el día que la justicia se pronunció en relación a Lula da Silva, fue patente la presión que esta ejerció sobre el Supremo Tribunal Federal. Las Fuerzas Armadas permanecerán “atentas a su misión institucional”, alertaba desde su cuenta de Twitter (4 de abril de 2018): amenaza apenas velada de golpe de Estado en caso de puesta en libertad de “Lula”.

En sus declaraciones al periódico, el general reivindicaba la “ideología del desarrollo” surgida en los think tanks, que valora por su “sentido de la grandeza” y su proyecto para Brasil: “La elección de Bolsonaro liberó una energía nacionalista que estaba latente y no podía expresarse”, concluía, antes de saludar el resultado del escrutinio de octubre de 2018 como “positivo”. Sentimiento compartido por el general Fernando Azevedo e Silva, nuevo ministro de Defensa que considera que su principal tarea consiste en “dar oxígeno a los programas y proyectos estratégicos de las Fuerzas Armadas en su conjunto” más allá de los “problemas presupuestarios” (8). Es decir, que ya se comienza a percibir una línea de fractura entre, por un lado, los núcleos partidarios de la austeridad y el monetarismo del nuevo Gobierno y, por el otro, los sectores militares portadores de una ambición geopolítica que requiere una forma de intervencionismo de Estado.

Durante la campaña electoral, Paulo Guedes, que ya se perfilaba como futuro ministro de Economía de Bolsonaro, había dado a entender que las grandes empresas públicas de producción de energía eléctrica podrían ser privatizadas, si bien Bolsonaro no manifestó gran entusiasmo al respecto. Entre los militares, esa posibilidad suscita preocupación. El proceso de designación del ministro de Minas y Energía cristalizó las tensiones. Los directivos de las principales empresas privadas de producción y distribución de energía eléctrica presionaron para que fuese nombrado uno de los suyos, proponiendo listas de nombres, pero finalmente fue la voluntad de los militares la que prevaleció, consiguiendo el nombramiento del almirante Bento Costa Lima Leite.

El destino de Petrobras es todavía incierto. El 14 de enero de 2019, Brasilia nombró al almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira para dirigir la Junta Directiva de la empresa. La intención de Guedes es la privatización de toda la compañía. Aunque no se haya divulgado ningún plan concreto, hay quienes especulan sobre una venta “por áreas”, que solo involucraría a algunas divisiones de la compañía petrolera (en particular, la comercialización y distribución). En efecto, una venta en bloque de la mayor empresa de Brasil podría desencadenar una crisis política, que Bolsonaro, que no cuenta con la mayoría parlamentaria, procurará evitar. ¿Cómo logrará el nuevo presidente –de quien nada indica que sea un negociador especialmente hábil– garantizar la estabilidad del sistema de alianzas que lo sostienen?–. Esta cuestión provoca incertidumbre más allá de las fronteras brasileñas…

NECESITAMOS TU APOYO

La prensa libre e independiente está amenazada, es importante para la sociedad garantizar su permanencia y la difusión de sus ideas.

(1) Escola Superior de Guerra inicia curso inédito em Brasília”, Ministerio de Defensa, Brasilia, 27 de marzo de 2018.

(2) Evolución del complejo industrial de defensa en Brasil”, Universidad Federal de Juiz de Fora, 2007.

(3) Estratégia nacional de defesa” (PDF), Ministerio de Defensa, Brasilia, 2008.

(4) Véase Anne Vigna, “Los brasileños también tienen su gran multinacional”, Le Monde diplomatique en español, octubre de 2013.

(5) Citado por Paulo Rosas, “Chanceler confirma intenção de sediar base militar americana no Brasil”, UOL, 5 de enero de 2019.

(6) Citado por Roberto Godoy, “Oferta de Bolsonaro aos EUA para instalação de base gera críticas entre militares”, UOL, 5 de enero de 2019.

(7) Igor Gielow, “‘Bolsonaro não é volta dos militares, mas há o risco de politização de quartéis’, diz Villas Bôas”, Folha de Sao Paulo, 10 de noviembre de 2018.

(8) “‘A política não está e não vai entrar nos quartéis’, afirma futuro ministro”, Correio Braziliense, Brasilia, 25 de noviembre de 2018.

Raúl Zibechi

Autor de Brasil Potencia. Entre la integración regional y un nuevo imperialismo, Desde abajo, Bogotá, 2012.

Artículo anterior

Lucha de clases en Francia

Artículo siguiente

Pues bien, ¡ahora recicle!