Lo llaman el “efecto Drácula”: al igual que el célebre vampiro de los Cárpatos, los acuerdos ilegítimos no resistirían su exposición a la luz del día. Así, la revelación en 1998 del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI), negociado secretamente para profundizar la liberalización económica, condujo a su desintegración. Esta vez, la controversia atañe a la colusión entre economistas e instituciones financieras. Muchos universitarios invitados por los medios de comunicación para aclarar el debate público, pero también investigadores contratados como asesores por los gobiernos, son efectivamente remunerados por bancos o grandes empresas. ¿Puede un experto preconizar, “con total independencia”, la desregulación financiera, cuando ocupa simultáneamente el cargo de administrador de un fondo de inversión?
Estas relaciones peligrosas, fuentes de conflictos de intereses, no son secretas. Pero sus beneficiarios se cuidan bien de hacerlas públicas. Antes del cataclismo de 2008, todos se adaptaban al equívoco: los periodistas exhibían a sus especialistas supuestamente neutrales, (...)
