Se trata de un crimen de bajo riesgo para los traficantes, ya que la investigación es compleja y las penalidades son leves en la mayoría de los países. Contribuye a la impunidad el considerable grado de complicidad de los consumidores de los servicios que, bajo coacción, prestan las víctimas, y las debilidades legislativas que presentan regiones como Europa del Este. En otras zonas, como Argentina, participan del delito los propios funcionarios públicos: se han documentado casos en los que la policía devolvió a su cautiverio a jóvenes que habían acudido a la comisaría en busca de ayuda, tras haber escapado de sus explotadores, así como otros en los que altos funcionarios municipales cobraban sobornos por anticipar allanamientos de modo que las mujeres traficadas pudieran ser trasladadas, evitando su liberación.
Reclutadores, transportistas, proxenetas, dueños de prostíbulos, de agencias de turismo sexual, de fábricas textiles o fincas agropecuarias, delincuentes que tienen en el (...)
