En una época en que la “lucha contra el terrorismo” domina la agenda internacional, sería legítimo esperar que existiera un mayor interés por el control de armamentos, y que se hicieran esfuerzos para evitar que las armas llegasen a manos de quienes violan los derechos humanos. Pero ocurre lo contrario.
Los países europeos y otras naciones afirman que sus exportaciones de armas se fundamentan sobre criterios de respeto de los derechos humanos. En Estados Unidos, una ley específica –denominada Leahy Amendments– prohíbe el entrenamiento militar de las fuerzas de seguridad extranjeras que hayan cometido violaciones de los derechos humanos. Esos principios son barridos en nombre de la lucha contra el “terrorismo”.
En junio de 2002, el G8 destinó 20.000 millones de dólares y firmó un acuerdo de “asociación global” para impedir que dichos “terroristas” adquieran armas de destrucción masiva. Pero no abordó el tema de la proliferación de armas convencionales –incluidas las (...)
