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Pocas veces una reforma de las políticas de vivienda habrá suscitado semejante oposición en Francia. En verano, el anuncio de una disminución de las ayudas personalizadas para la vivienda (APL por sus siglas en francés) de cinco euros mensuales por beneficiario ya había desencadenado una condena casi unánime. El propio primer ministro, Édouard Philippe, tuvo que admitir finalmente que este recorte “no era inteligente” (BFM, 24 de agosto de 2017); a su parecer, solo era una disposición de emergencia destinada a obtener 30 millones de euros al mes para así equilibrar el presupuesto, a la espera de un plan de vivienda más ambicioso.
El contenido de este nuevo proyecto se desveló a finales de septiembre. Con la esperanza de disminuir el coste de las APL en 1.400 millones de euros, el Gobierno prevé reducir entre (...)
