Siempre bajo la invocación del programa europeo, en esta legislatura se ha insistido en los cuatro pilares formales de la autodenominada “política integral de inmigración”: la vinculación de la inmigración legal a las necesidades del mercado de trabajo, la lucha contra la inmigración ilegal, la cooperación al desarrollo de los países de origen, y la integración de los inmigrantes.
Motivos para hablar de política integral, parecía haberlos: de entrada, el anuncio de una nueva estructura orgánica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con una Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, suponía el pistoletazo de salida de un cuatrienio “diferente”. Dependiente de dicha Secretaría, la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, hacía presagiar al observador optimista que se abría un mayor protagonismo de la dimensión social en lo relativo a la inmigración.
Sin embargo, la laboralización de los flujos migratorios –mayor, si cabe que en el pasado– se concretó (...)
