- Selçuk
En la mañana del pasado 22 de diciembre, un pequeño terremoto sacudió la de ordinario plácida reunión de los 27 embajadores de la UE en Bruselas. Debían ratificar el texto de una ley europea sobre los 26 millones de trabajadores de plataformas digitales. Una mera formalidad, ya que la futura directiva había suscitado cinco días antes un acuerdo político entre el Parlamento, la Comisión y los Estados miembro. Tras adoptarse a finales de enero de 2024, según el calendario previsto, la ley habría abierto la posibilidad de otorgar a 5,5 millones de conductores de Uber o repartidores de Deliveroo en Europa un estatuto y derechos (entre ellos, el de seguro de enfermedad y el derecho a paro) bajo ciertas condiciones de remuneración, subordinación laboral, etc. Pero, caso excepcional, Francia –respaldada por una docena de países– torpedeó (...)
