Mientras que en 1940 el 31,2% de la población brasileña vivía en zonas urbanas, a principios de la década de 2000 este porcentaje supera el 80%. Enfrentado a este fenómeno de éxodo rural, en 1963 el congreso de arquitectos de Brasil evoca la necesidad de una reforma urbana y, en 1978, el documento “Acción pastoral y territorio urbano”, publicado por la Iglesia católica, propone la idea de una “función social de la propiedad urbana”.
Sin embargo, será en 1985, tras la caída de la dictadura, cuando este punto vuelve a ser de actualidad. En los años que siguen, el Movimiento Nacional por la Lucha Urbana (MNLU), una amplia coalición de sindicatos, organismos profesionales, representantes de diversas Iglesias y movimientos populares, lanza la consigna de “derecho a la ciudad para todos” y participa activamente en la elaboración de la nueva Constitución de 1988. Ésta reconoce en particular el derecho a una vivienda (...)
