La crisis de la democracia que afrontamos no se ha originado solo en la esfera política. No podremos superarla reconstruyendo el sentido cívico, cultivando el bipartidismo, fortaleciendo el “ethos democrático”, reanimando el “poder constituyente”, liberando la fuerza del “agonismo”... Ni autónomos, ni simplemente sectoriales, los actuales males democráticos constituyen el aspecto específicamente político de la crisis generalizada que afecta al conjunto de nuestro orden social. Tienen su origen en los fundamentos mismos de dicho orden, en sus estructuras institucionales y sus dinámicas constitutivas. Solo pueden comprenderse desde una visión crítica de la totalidad social, que muchos observadores identifican, no sin razón, con el neoliberalismo. Pero es importante entender el neoliberalismo como una vertiente del capitalismo: y toda forma de capitalismo está sujeta a crisis políticas y es hostil a la democracia, porque encierra una contradicción que lo predispone a ello.
Lejos de ser una anomalía, la crisis actual es la forma que adopta esa contradicción. Reducir el capitalismo a un sistema económico, y la crisis capitalista a disfunciones económicas, es omitir otras contradicciones y las crisis que generan cuando los imperativos económicos entran en conflicto con las condiciones en segundo plano, no económicas, cuya buena salud es esencial para la continuidad de la acumulación. Estas condiciones son múltiples. Pero la contradicción que puede considerarse el origen de la actual crisis democrática —estrechamente relacionada con otros impases del sistema— afecta a los poderes públicos. Su preservación es una condición para la acumulación continua de capital, pero el capital tiende a desestabilizar esos poderes públicos de los que depende.
La acumulación es inconcebible sin un marco legal que proteja la empresa privada y los intercambios comerciales. Depende en gran medida de los poderes públicos para garantizar los derechos de propiedad, hacer cumplir los contratos y resolver los litigios; para reprimir rebeliones, mantener el orden y gestionar las disensiones; para apoyar los regímenes monetarios; para tomar medidas con vistas a prevenir o gestionar las crisis; y para codificar y aplicar las jerarquías de estatus, como las que distinguen a los ciudadanos de los “extranjeros”.
Son los sistemas jurídicos los que han creado espacios aparentemente despolitizados donde los actores privados sirven a sus intereses “económicos” al abrigo de toda injerencia “política”. Del mismo modo, son los Estados territoriales los que movilizaron la “fuerza legítima” para suprimir la resistencia a las expropiaciones (en particular las coloniales) por las que se crearon y mantuvieron las relaciones de propiedad capitalistas. Una vez conformada la economía capitalista, este poder político tomó medidas para aumentar la capacidad del capital de acumular beneficios. Construyó y mantuvo infraestructuras, compensó “fallas del mercado”, guio el desarrollo, impulsó la reproducción social, mitigó las crisis económicas y gestionó sus repercusiones políticas. El espacio más amplio en el que operan estos Estados se ha organizado para facilitar la circulación del capital: no solo con el concurso del poder militar, sino también gracias a mecanismos políticos transnacionales como el derecho internacional, los regímenes supranacionales y los acuerdos negociados entre grandes potencias que más o menos pacifican (pero siempre en favor del capital) un espacio global percibido a veces como en estado de naturaleza. Esencial para su funcionamiento, el poder político es parte integral del orden social institucionalizado que es el capitalismo. Pero su mantenimiento está en constante tensión con el imperativo de acumulación del capital. La causa hay que buscarla en la topografía institucional propia del capitalismo, que separa “lo económico” y “lo político”. A cada una de esas dos dimensiones se le asigna su propia esfera, con su aparato y modus operandi particulares. El poder de organizar la producción se privatiza y se confía al capital. La tarea de gobernar los órdenes “no económicos” —incluidos aquellos que proporcionan las condiciones externas de acumulación— recae en los poderes públicos, a quienes corresponde emplear los medios “políticos” de la ley. Por lo tanto, en el capitalismo lo económico es no político y lo político no económico.
Esta separación, al someter vastos aspectos de la vida social a “la ley del mercado” (es decir, a las grandes empresas), nos priva de la capacidad de decidir colectivamente qué queremos producir y en qué cantidad, según qué principio energético y sobre la base de qué tipo de relaciones sociales. También nos priva de medios para decidir sobre el uso del excedente social producido colectivamente, sobre la relación que queremos entablar con la naturaleza y las generaciones futuras, y sobre la organización del trabajo de reproducción social y su relación con la producción. Por su propia estructura el capitalismo es, pues, fundamentalmente antidemocrático.
Ahora bien, el capital, por naturaleza, trata de jugar ambas cartas. Por un lado, vive a expensas de los poderes públicos, aprovechándose de regímenes jurídicos, fuerzas represivas, infraestructuras y organismos reguladores. Por el otro, el ansia de beneficios empuja regularmente a ciertos segmentos de la clase capitalista a rebelarse contra el Estado, cuya inferioridad respecto de los mercados proclaman y al que tratan de debilitar. En esos casos, cuando los intereses a corto plazo triunfan sobre la supervivencia a largo plazo, el capital amenaza con destruir las propias condiciones políticas de su existencia. Esta contradicción es un factor propiciador de crisis que no se sitúa “dentro” de la economía, sino en la frontera que separa y al mismo tiempo conecta la economía y la gobernanza. Inherente al capitalismo, esta contradicción de “interregnos” empuja a todas las formas de sociedad capitalista a crisis políticas.
Una aclaración: no existe la sociedad capitalista “en sí”; el capitalismo solo ha existido en modos o regímenes de acumulación históricamente dados. Y lejos de darse de una vez por todas, la división constitutiva entre “lo económico” y “lo político” siempre puede ser cuestionada y modificada. Es sobre todo en tiempos de crisis cuando cristaliza en su frontera la lucha entre actores sociales, que a veces logran cambiar su trazado.
Así, durante el siglo XX, el capitalismo gestionado por el Estado, que sucedió al régimen del laissez-faire, recurrió a los poderes públicos para frenar la crisis o ralentizarla. Sobre la base del sistema de control de capitales instaurado en 1945 bajo hegemonía estadounidense mediante los acuerdos de Bretton Woods, los Estados, en general, disciplinaron el capital por su propio bien y extendieron el campo de actuación política domesticándolo, mediante medidas que permitieron integrar capas potencialmente revolucionarias revalorizando su ciudadanía e involucrándolas en el sistema. De esa manera se recuperó la estabilidad durante varias décadas, pero el aumento de los salarios y una mejora general de la productividad en la industria manufacturera del centro alentaron al capital a acometer nuevos esfuerzos para liberar el mercado de la regulación política. Al mismo tiempo, una nueva izquierda denunció a escala global la opresión, exclusión y depredación sobre las que descansaba todo el sistema. Siguió una larga crisis, durante la cual ese mecanismo fue discretamente suplantado por el actual régimen del capitalismo financiarizado.
Este último remodeló una vez más la interacción. Los bancos centrales y las instituciones financieras internacionales remplazaron a los Estados en su papel de árbitros de una economía cada vez más globalizada. Son ellos quienes dictan ahora la mayoría de las principales normas que rigen las relaciones entre trabajo y capital, ciudadanos y Estado, centro y periferia y –punto crucial– entre deudores y acreedores. El régimen anterior había posibilitado que los Estados subordinasen los intereses a corto plazo de las empresas privadas al objetivo a largo plazo de una acumulación sostenida. Por el contrario, el régimen actual permite que el capital financiero le tuerza la mano a los Estados y ciudadanos en provecho inmediato de los inversores privados. Doble jugada: por un lado, las instituciones estatales que estaban (algo) atentas a los ciudadanos son cada vez menos capaces de responder a sus necesidades; por el otro, los bancos centrales y las instituciones financieras globales son “políticamente independientes”: libres de actuar en beneficio de inversores y acreedores. El capitalismo financiarizado es la era de la “gobernanza sin gobierno”, la era de la dominación sin el pudoroso velo del consentimiento. La principal consecuencia de todo ello ha sido privar al poder estatal de su esencia en todos los niveles. Cuestiones anteriormente consideradas propias de la acción política democrática son ahora “áreas reservadas” confiadas a los “mercados”. Los auxiliares del capital no dudan en atacar el poder de los Estados o las fuerzas políticas que podrían desafiarlo, por ejemplo anulando elecciones o referendos que rechazan la austeridad, como en Grecia en 2015. El famoso “déficit democrático” es en realidad parte constitutiva de la crisis generalizada del capitalismo financiarizado. Y como toda crisis generalizada, comporta una dimensión hegemónica.
Ninguna obstrucción en los circuitos de acumulación, ningún bloqueo en el sistema de gobernanza merece literalmente el término de “crisis”. Solo cuando parte de la sociedad percibe que las serias dificultades que encuentra surgen, no a pesar, sino por culpa del orden establecido, cuando una masa crítica decide que el orden puede y debe ser transformado mediante la acción colectiva, cuando un objetivo punto muerto se dota de una voz subjetiva, solo entonces se puede hablar de “crisis” en el sentido de “gran cambio histórico” que exige tomar una decisión.
Es la situación hoy. Las disfunciones políticas del capitalismo financiarizado ya no son “simplemente” objetivas, sino que han encontrado un correlato subjetivo. En muchos países, populistas de derechas han logrado atraer a votantes de clase trabajadora de la mayoría étnica prometiéndoles “recuperar” su país de manos del capital global, los inmigrantes “invasores” y las minorías raciales o religiosas. Su contrapartida de izquierdas ha hecho importantes avances en la sociedad civil militando a favor del “99%” y contra un sistema “amañado” que favorece a la “clase de los multimillonarios”. La irrupción de esta doble ola populista ha marcado un punto de inflexión. Socavada la ilusión del sentido común neoliberal, el ámbito de la reflexión política se ha ampliado. Hemos entrado en una nueva fase: de un “simple” agregado de impases sistémicos, hemos pasado a una verdadera crisis de hegemonía, impulsada por un conflicto abierto sobre la frontera actual entre economía y gobernanza. Así, la idea de que la planificación es muy inferior a los mercados competitivos ya no resulta nada obvia. Esta corriente ha ganado terreno con la pandemia de la covid-19, que ha demostrado la necesidad de los poderes públicos. Si viviéramos en un mundo racional, el neoliberalismo no sería más que un recuerdo.
Pero vivimos en un mundo capitalista, por definición carcomido por lo irracional. Por lo tanto, no podemos esperar que la crisis actual se resuelva rápidamente o sin conflictos. Los populistas de derechas no tienen soluciones que ofrecer a los problemas de sus partidarios; colocados en el proscenio, son las marionetas de quienes crearon esos problemas y se ocultan detrás. Algo que, mientras nadie descorra el telón para revelar la impostura, puede durar. Y eso es precisamente lo que la oposición progresista no ha hecho. Lejos de desenmascarar el poder tras el telón, hace mucho que las corrientes dominantes de la “resistencia” están comprometidas con él. En Estados Unidos, por ejemplo, es el caso de las alas liberal-meritocráticas de los movimientos sociales que defienden el feminismo, el antirracismo, los derechos de la comunidad LGBTQ (lesbianas, gays, bisexuales, trans y queer) y la ecología. Bajo la hegemonía liberal, fueron durante años actores secundarios en un bloque neoliberal progresista que también incluía sectores “visionarios” del capital global (informática, finanzas, medios de comunicación, entretenimiento). Los progresistas, por tanto, también han hecho de marionetas, pero de otra manera: aplicando un barniz de carisma emancipador sobre la economía política predadora del neoliberalismo. Esta alianza contra natura ha asociado tan bien el feminismo, antirracismo, etc. al neoliberalismo que mucha gente terminará rechazando todo en bloque. Por eso el principal beneficiario, al menos hasta ahora, ha sido el populismo reaccionario de derechas. Una pelea ficticia entre dos bandas de títeres, la una retrógrada, la otra progresista, mientras que, tras el telón, los poderosos prosperan.
Aun así, crisis como esta son momentos decisivos en los que la posibilidad de actuar sobre la forma misma de la vida social queda al alcance de la mano. Surge entonces una pregunta: ¿quién guiará el proceso de transformación social, en interés de quién y con qué fin? Este proceso se ha entablado varias veces en el pasado y ha beneficiado principalmente al capital. ¿Volverá a suceder? Si nos atenemos a la moralina ignorando alegremente las preocupaciones de los “deplorables”, como los llamó Hillary Clinton en 2016, si no reconocemos sus agravios legítimos (por muy extraviados que puedan estar), perderemos la lucha por la construcción de una contrahegemonía. Lo que nos sitúa ante el reto de identificar al verdadero culpable y desmantelar el orden disfuncional y antidemocrático que es el capitalismo.
