Ya en 2015, el entonces presidente del grupo Axa, Henri de Castries, advirtió: si la crisis climática acaba por agravarse, más vale no contar demasiado con las compañías de seguros. “Un aumento de dos grados de la temperatura media en el mundo aún sería asegurable –anunciaba el empresario–, pero lo que está claro es que un aumento de cuatro grados no lo es”. Al final, un calentamiento de 1,2 ºC ha bastado para que State Farm, uno de los pesos pesados del sector, dé la espalda a California. ¿La razón? Un “rápido aumento de la exposición a las catástrofes”. Hace ya un año que la empresa no firma nuevos contratos para cubrir viviendas y comercios y acaba de rescindir 72.000 pólizas. Algo cada vez más frecuente en Estados Unidos, especialmente en Luisiana, donde el 17% de los propietarios han visto cómo su contrato quedaba anulado en 2023. Los desafortunados clientes pueden dirigirse a la competencia, que les propondrá cuotas prohibitivas y cláusulas estrambóticas, como el rechazo a cubrir aquellas catástrofes que, como los huracanes, tienen nombre propio.
Ciclones, sequías, inundaciones. La multiplicación de las calamidades climáticas conlleva considerables pérdidas para las aseguradoras por todo el mundo. Unas aseguradoras que, en este género de casos, no se complican la vida: si un riesgo se vuelve demasiado oneroso, aumentan el importe de sus primas; y si eso no basta, dejan de cubrirlo. Con el calentamiento y su “alza de la siniestralidad”, en todos los países existen actualmente regiones susceptibles de dejar de ser rentables. Ya no solo Angola, Bangladés o las islas de Tuvalu, juzgados como tales desde hace mucho, sino países como Australia, España o Italia. En Francia, el asunto preocupa tanto al Gobierno que este ha creado una misión de evaluación que acaba de publicar sus conclusiones: hay que realizar un “reequilibrio financiero” y “reforzar los esfuerzos de prevención”, o sea, aumentar las cuotas, pasar la factura al Estado y poner a cubierto el coche por si graniza.
Si hemos de conceder crédito a sus responsables, las compañías de seguros pueden hacer las veces de batidores en tierra enemiga. Al alejarse de las zonas más expuestas y presentar la factura real de las catástrofes naturales, se supone que colaboran a la toma de conciencia. A falta de una cobertura adecuada, la gente abandonará las áreas peligrosas, lo que irá dibujando una geografía social por fin adaptada al cambio climático.
Pero las cosas no están pasando exactamente así. Aunque evitadas por las aseguradoras, las regiones expuestas siguen ganando habitantes. En Francia, nada estorba el gusto por el sol del sur y los paisajes del Atlántico, ni las sequías ni los ciclones. En Estados Unidos, la población aumenta en estados como Georgia, Carolina del Norte o Texas. Y los jubilados siguen dirigiéndose a Florida, que ocupa la primera plaza en el palmarés de los seguros de hogar más caros (6000 dólares al año de media). Las cuotas exorbitantes y los riesgos de incendio tampoco impiden la proliferación de casas en las proximidades de los bosques estadounidenses, sobre todo después de que la pandemia de covid-19 revelara a los directivos los encantos del teletrabajo en la naturaleza (1). Los más adinerados no renuncian a sus preferencias. Y los más pobres se instalan donde pueden; si nadie los quiere cubrir, nada de mudarse: viven sin seguro.
Seis millones de propietarios estadounidenses se encuentran hoy en esta situación, atrapados en una vivienda que ha perdido todo su valor. El menor accidente puede llevarlos a la quiebra, a la imposibilidad de pagar sus créditos, con el peligro de reacción en cadena que ello conlleva para los bancos y el mercado inmobiliario. Con el fin de evitar una crisis generalizada, las autoridades se meten la mano en el bolsillo: Luisiana subvenciona a las aseguradoras para que sigan con sus actividades en el estado y Florida ofrece una cobertura pública cuyos suscriptores se triplicaron en 2019. Las únicas que no afrontan el menor riesgo son las aseguradoras.
